El fiscal pide 2,5 años de cárcel para Moltó y su «número dos»
Anticorrupción acusa al socialista de ocultar 182 millones en pérdidas antes del rescate de la caja, hace cinco años
Poco a poco la justicia comienza a depurar responsabilidades entre antiguos gestores de las cajas rescatadas con miles de millones de euros en ayudas públicas. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que abra juicio oral contra los exjefes de Caja Castilla-La Mancha (CCM) cinco años después de que la caja se convirtiera en la primera entidad intervenida en esta crisis. El Ministerio Público solicita para su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y para su ex director general, Ildefonso Ortega, dos años y medio de prisión por haber ocultado los más de 182 millones en pérdidas que entonces ya acumulaba la entidad.
El magistrado ya dio a principios de este mes un paso hacia la celebración de ese juicio al convertir las diligencias en procedimiento abreviado, de forma que el exdiputado del PSOE y su «número dos» en CCM serán los segundos banqueros que se sientan en el banquillo de los acusados. Los primeros fueron los cuatro exdirectivos de Caixa Penedés a los que la Audiencia acusó de adjudicarse 28,6 millones en jubilaciones irregulares y que el pasado mayo fueron condenados a prisión, que evitaron al devolver esa cuantía.
Moltó y Ortega, según la petición del fiscal, se enfrentarían no solo a la privación de su libertad sino también a su inhabilitación para ejercer cargos de administración y dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante esos dos años y medio de condena. El Ministerio Público acusa a ambos de un delito societario consistente en una «maniobra contable» con la que «lograron que los estados financieros de CCM reflejaran beneficios en lugar de pérdidas», explica en su requerimiento al juez.
El Banco de España intervino CCM, ahora integrada en Liberbank, el 29 de marzo de 2009 tras fracasar su fusión con Unicaja. Un año antes, según sostiene la Fiscalía, la caja ya atravesaba una situación de falta de liquidez, debida «en gran parte, al deficiente control en la gestión del riesgo, el incremento de la morosidad y el deterioro de las inversiones ligadas al sector promotor, que comprometía la viabilidad futura de la entidad». En esa línea, Ruz apuntó en su auto del pasado 3 de octubre a un posible delito de falseamiento de las cuentas anuales de la entidad y otro de administración desleal, al tiempo que archivaba la causa contra otros siete imputados por no encontrar indicios de delito en su actuación.
Créditos a afines a la Junta
La instrucción judicial desvela que bajo el mandato de Moltó (1999-2009) CCM concedió y refinanció créditos y adquirió participaciones en empresas con «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación» y cometiendo todo tipo de irregularidades. Entre los beneficiarios de esas operaciones estaban, sobre todo, compañías y empresarios próximos a Moltó y, por lo tanto, al Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha del socialista José María Barreda. Entre otros, Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, la familia Fernández Fermoselle y los hermanos Barco Fernández, conocidos por aquel entonces como los «reyes del ladrillo».
En octubre de 2008, el entonces director general de supervisión del Banco de España, Javier Aríztegui, posteriormente subgobernador, requirió a Moltó enderezar la situción de la entidad. Entre otroas cosas, le exigía reclasificar como morosos 474 millones en créditos y hacer provisiones por 245. Y le instaba además a computar 196 millones de euros de pérdidas por sus participaciones en tres inmobiliarias: Afirma Grupo, Colonial y Parquesol.
A pesar de esa advertencia, y de que el consejo de administración de la entidad acordó tomar una serie de medidas al respecto, en las cuentas de resultados de ese 2008, dice el fiscal, «no se habían atendido los requerimietos del Banco de España y no se reflejaba por tanto la situación financiera real de la entidad». Al evitar ese ajuste, Moltó y Ortega pudieron presentar unos beneficios de 29,86 millones, cuando la entidad ya registraba «números rojos» por 182,24 millones, que los administradores provisionales del Banco de España elevaron a 1.066.
Los resultados presentados por Moltó y Ortega en febrero de 2009, avisa Anticorrupción, «fueron los únicos a los que tuvo acceso el público hasta que en julio y agosto de 2009» el supervisor publicó las cuentas corregidas. Esa intervención del Banco de España, dice el fiscal, «impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM según sus cuentas publicadas y difundidas», contrataran con una caja «que, de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de antender en ese momento a las obligaciones contraídas».
El exdiputado se defiende
Moltó aún defendía en 2012 en el Congreso sus diez años al frente de la caja y presumía de que estaba gestionada con rigor y honestidad. Ayer, tras conocer la petición del fiscal, insisitó en que actuó «con absoluta honestidad y transparencia» y achacó su situación a una «interprestación incorrecta». Ahora bien, al mismo tiempo comunicaba al secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, su intención de solicitar la suspensión temporal de su militancia, como que hizo.
La defensa de Moltó hasta ahora había consistido en escurrir el bulto al Banco de España, que en 2009 salió a su rescate con avales por un máximo de 9.000 millones y la suscripción por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de una emisión depreferentes por 1.300 millones.
