Durante la Comisión para el Empleo y la Formación Profesional celebrada ayer, el sindicato UGT se interesó por la metodología empleada por la Consejería para contabilizar a los desempleados y sobre la participación de la empresa «Innovación y Desarrollo, SL», en todo este proceso. Esta cuestión ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno regional y el sindicato Comisiones Obreras, que acusó de maquillaje de datos, en concreto de 50.000 parados en las listas de espera.
Ayer UGT pidió una explicación sobre el tratamiento de los datos de parados y preguntó si la empresa ‘Innovación y Desarrollo, SL’ «estaba realizando una reclasificación sistemática de los parados en Castilla-La Mancha, así como la naturaleza de su financiación». Según UGT, representantes de la Consejería de Economía y Empleo, exhibiendo datos oficiales desde 2004, manifestaron que la metodología empleada proviene de la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, «por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado».
Salvedades
En esa Orden, según el sindicato, se establecen «determinadas salvedades en función del encuadramiento de los demandantes en alguna situación especial de trabajo, tales como la denominada mejora de empleo, el trabajo a tiempo parcial o prejubilados», lo que quiere decir, «que no todo demandante de empleo inscrito en las oficinas de empleo contabiliza como parado sino en otras categorías». Esto es lo más destacable, pues es donde existe una coincidencia entre la Junta y el sindicato y avala esta posición.
Sobre la participación de la empresa «Innovación y Desarrollo, SL», la Administración indicó que se financia con fondos propios de la Consejería de Empleo y Economía y que su actividad se encuadra en el desarrollo de un estudio sobre la empleabilidad de los parados en Castilla-La Mancha, punto en el que UGT aprovechó para solicitar el estudio y sus conclusiones a fin de poder realizar consideraciones al mismo.
UGT regional va a seguir pidiendo «que no se frivolice, por ninguna parte, con las cifras del paro, máxime sin aportar prueba alguna», y de existir ha instado a que «se acuda a los tribunales de justicia». Asimismo, ha exigido respeto absoluto a los empleados públicos que desempeñan sus funciones en las Oficina de Empleo, y que cumplen escrupulosamente la Ley».
