Un largo camino hasta convertirse en el mayor aeródromo de España
El aeródromo de Casarrubios tiene la peculiaridad de tener la mayor parte de sus instalaciones en el territorio de Castilla-La Mancha, pero otra parte de su pista en el colindante de la Comunidad de Madrid. Esta circunstancia define en gran medida el conflicto aéreo con la Comunidad madrileña, que en su día se fijó en el cercano municipio de El Álamo para construir el aeródromo Madrid-Suroeste con el fin de descongestionar otras insfraestructuras aéreas de su territorio. Eso es lo que marca ahora la hoja de ruta, pero cuando Eurovegas era un proyecto de negocio tan polémico como atractivo su papel estaba íntimamente unido al del gran casino de Adelson.
Sin embargo, antes de esa película lo cierto es que en los últimos años Casarrubios ha crecido de manera sólida hasta convertirse en el mayor aeródromo privado de España por movimiento y vuelos que acoge.
Su actividad empezó en 1992 como campo de vuelo, hasta que en 1996 consiguió la licencia de vuelo para aviación general. Datos como el alojamiento de más de 350 aviones en decenas de hangares, su escuela de pilotos o los centenares de puestos de trabajo que en estos momentos mantiene en activo hablan de sus actuales dimensiones. Por eso, el temor sobre su futuro surgió nada más conocerse el proyecto de la Comunidad de Madrid. Desde casi todos los puntos de vista es imposible la coexistencia de dos aeródromos separados entre sí solo por un par de kilómetros. La colisión de los espacios aéreos es prácticamente inevitable.
Ante esta situación, el pasado verano el director del aeródromo toledano, Ignacio Elduayen, manifestó la clara intención de defender sus intereses ante el proyecto madrileño, pero siempre dispuesto a negociar desde la premisa de hacer valer sus derechos y las licencias que les permiten desde hace años operar y haberse convertido en una infraestructura aeroportuaria de referencia a nivel nacional.
Como no podía ser de otra manera, el ingrediente político siempre ha estado dando vueltas alrededor de este caso, pero sin colisiones. La coincidencia de color político de las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha ha evitado cualquier choque de intereses, si bien la administración madrileña ha puesto más carne en el asador debido a sus fuertes intereses económicos. Ahora, la solución que se plantea puede ser el método para dar salida a unproyecto que esta vez no se vea afectad por la derivada política.