La justicia obliga a La Janda a devolver 130.000 euros a la Junta por unos cursos de formación de 2007

Han pasado ocho años y los gestores son distintos en muchos casos. El tiempo pasó pero la deuda quedó ahí, atada a un proceso judicial que ahora se ha resuelto con un fin en el que los municipios de la Mancomunidad de La Janda no han salido muy bien parados. Tanto que, entre siete localidades tendrán que devolver más de 130.000 euros por una disparidad de criterios en una subvención que iba destinada a cursos de formación de FPO del año 2007.

Justo esta semana que acaba es cuando los consistorios han agotado el plazo en el que tendrán que abonar la cantidad que les corresponde para acabar con esta deuda contraída con la Consejería de Educación y acatar así la decisión judicial. Y ante este final ineludible y ante el que solo cabían nuevos intereses de demora, ha sido la propia Mancomunidad de Municipios de La Janda la que ha respondido al pago que debía realizarse el pasado lunes para que ahora, los distintos ayuntamientos implicados, abonen a la institución la cantidad proporcional de la deuda. Así lo explicó a este medio la presidenta en funciones de la Mancomunidad, Lucía Torrejón.

Fue el propio Ayuntamiento de Vejer el que dio a conocer la existencia de esta resolución, a través de su página de Facebook. Lo hacía en una publicación en la que se lamentaba de tener que tomar esta medida «debido a la mala ejecución por parte del anterior gobierno municipal socialista» que implicará además que «hay que devolver con sus correspondientes intereses». Sin embargo, Torrejón no quiso entrar a valorar dichas declaraciones, aunque recordó que «cuando se accede a un cargo público se adquiere un compromiso con el pasado, presente y futuro de la institución».

De hecho, la cantidad devengada se remonta a un periodo en el que tampoco ella era la presidenta la Mancomunidad. Fue concretamente en 2007 cuando la Junta concedió a la Mancomunidad una subvención para unos cursos de FPO. El anterior presidente estimó conveniente en ese momento contratar a dos técnicos para impartir los cursos, en lugar de uno.

«En su momento, a la Mancomunidad se le dijo que era posible pero luego la intervención de la Junta vio que no», explica Torrejón. Ante ello, la Mancomunidad recurrió la petición de la Consejería de Educación a devolver el importe de la subvención relativo a las horas de más del segundo técnico contratado. Fue entonces cuando se abrió un proceso judicial que culmina ahora, con un nuevo requerimiento con intereses.

Así,  en un principio la deuda era de 91.373 euros. Sin embargo,  con los intereses de demora el importe subió a 129.348 euros. Fue entonces cuando Torrejón convocó (en noviembre de 2014) a los municipios de la Mancomunidad a una junta de gobierno en la que todos acataron asumir la deuda en un importe proporcional al número de cursos que acogieron respectivamente las localidades de Alcalá, Barbate, Benalup, Conil, Medina, Paterna y Vejer. Así, en dicho reparto económico, Alcalá tenía que devolver 14.678 euros; Barbate, 23.359 euros; Benalup, 30.463 euros; Conil, 8.681 euros; Medina 8.681 euros; Paterna, 25.621 euros y Vejer, 17.862 euros.

Sin embargo, a fecha del pasado 6 de julio se volvió a convocar a los alcaldes de la Mancomunidad para informarles que ni uno solo de los Ayuntamientos había abonado aún la cantidad. Tan solo Conil ordenó ese mismo día a su intervención la liberación de la cantidad de dinero acordada. Ante esta situación y para evitar nuevos intereses que llevarían a la deuda a elevarse a más de 150.000 euros, fue la propia Mancomunidad la que asumió el pago. «Se hizo con el compromiso de los alcaldes de abonar la deuda a la Mancomunidad», reconoce la presidenta.

De hecho, la institución ha respondido con buena parte de su liquidez, a la espera de que ahora los consistorios abonen su parte de la deuda para poder recuperar los fondos. Pese a la denuncia de Vejer, que incluía incluso los documentos del proceso judicial, Torrejón quiso dejar claro que estas cuestiones, aunque puedan resultar «molestas», forman parte del procedimiento habitual de las administraciones, por lo que prefirió no politizar una resolución que «había que acatar».