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Abogada especializada en Urbanismo

Inmaculada Cea: «Hay que concienciar sobre los perjuicios de las casas irregulares»

La letrada cree que las nuevas normativas paliarán problemas pero no darán una «solución integral» a los problemas urbanísticos de la provincia

jesús a. cañas
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El 90% de los municipios de la provincia ya cuentan con un documento que regula su urbanismo. Sin embargo, aún faltan años para que se ponga orden definitivo a las miles de viviendas irregulares que existen por toda la provincia. Inmaculada Cea, letrada de amplia experiencia en urbanismo, lo sabe bien.

¿Cuál diría que es la situación de las viviendas irregulares en la provincia? ¿Ve posible una salida a medio plazo a la situación de las mismas?

–Los instrumentos que se han creado al amparo del Decreto 2/2012 aún no se han puesto en marcha. En la mayoría de los Términos Municipales que han optado por identificar los espacios afectados por los llamados ‘Asentamientos Fuera de Ordenación’ (AFO) los procedimientos no se han puesto en marcha y existe una incertidumbre sobre la asimetría del sistema ya que al gestionarse íntegramente por cada Ayuntamiento dentro de sus competencias, dará lugar sin dudas a resultados muy dispares dependiendo de cada gestor. Ciertamente, la normativa servirá para paliar los más elementales problemas que se plantean para los propietarios de esas viviendas (agua, luz, mínimos servicios) pero no será una solución integral puesto que estas zonas no van a quedar integradas dentro de la trama urbana como el resto del territorio urbanizado. A medio plazo será un alivio pero no creo que se trate de una solución definitiva.

En los últimos años, la crisis y los cambios legislativos parecen haber paralizado la proliferación de viviendas irregulares, ¿cree que es un cambio de tendencia que se mantendrá?

–Sigo pensando que es necesario que los poderes públicos promocionen la concienciación al ciudadano en el mantenimiento de la legalidad y se informe de los verdaderos perjuicios de estos tipos de viviendas. Baste un simple ejemplo: en este tipo de urbanizaciones irregulares muchas veces ni siquiera caben los medios de emergencias, coches de bomberos o ambulancias, por los callejones; no se puede asegurar el rescate de personas y si ocurre un problema en una vivienda y no llegan los medios. Esa situación la vivimos en Chiclana con la inundación de la Rana Verde o del Pago del Humo.

¿Cree que se volverán a repetir duras escenas de derribos de viviendas por acciones judiciales?

–Cuando existe una sentencia firme al Ayuntamiento no le queda otra acción que ejecutar lo ordenado por los juzgados. Lo contrario sería penalmente reprochable. No obstante, en mi experiencia, salvo casos, generalmente los derribos afectan a viviendas sobre las que existen sentencias firmes y que afectan a situaciones que bajo ningún concepto pueden ser legalizadas.

¿Considera que el actual marco legislativo da respuesta a la compleja realidad de las viviendas irregulares en la provincia de Cádiz o apostaría por una modificación o cambio de la Ley?

–Da una respuesta al problema de la luz y del agua y poco más, y en todo caso permitirá en cierta manera que el propietario pueda mantener y adecentar su vivienda, pero no resolverá en su conjunto el problema puesto que la población no disfrutará de los servicios y dotaciones propios del suelo urbano. Si verdaderamente se quiere dar una solución a estas zonas, lo que debería plantearse es su urbanización, lo que ocurre es que es muy costoso y no siempre viable. La cuestión no pasa tanto por una modificación de la Ley como por un mayor celo por el cumplimiento para evitar una proliferación de estas situaciones.

Un problema derivado de las viviendas irregulares es la ausencia de aguas o la conexión a aguas de pozo, ¿hay algún tipo de respuesta legal o de acción legal posible para exigir a las administraciones públicas una acción en la materia?

–A eso me refería con la falta de respuesta a los problemas propios de los suelos urbanizados. La normativa permitirá que aquellas edificaciones en el limbo jurídico (llamado fuera de ordenación) puedan sustituir su falta de reconocimiento legal por una especie de autorización que permitirá acceder a servicios cuando estos puedan conectarse pero poco más. La solución de las infraestructuras como las mencionadas sólo cabe en desarrollo del planeamiento.

¿Hasta qué punto se han vivido casos de estafas a compradores que no sabían que eran irregulares?

–En el ámbito profesional he podido vivir varios casos en los que así ha sido. Lo que aconsejo a mis clientes es que siempre antes de comprar o de optar a una compra igual que miren en el Registro de la Propiedad si está todo correcto en cuanto a cargas y demás, acudan a un experto a que les aconseje sobre la situación urbanística y jurídica del terreno y de la edificación y en todo caso, al Ayuntamiento a fin de que se certifique que sobre la vivienda no pesa ningún tipo de expediente de disciplina urbanística.