Los cuatro testigos del caso contra Ernesto Marín declaran este jueves

El Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana ha citado hoy a declarar hoy a cuatro testigos en el marco del caso que investiga al alcalde, Ernesto Marín, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La declaración de estos testigos llega cuando el propio Ernesto Marín, según ha podido saber este medio, ya ha comparecido ante la jueza, aunque por deseo propio.

Para el día de hoy, está citado a declarar el exedil socialista y antiguo responsable del área de Urbanismo Joaquín Muriano, que fue quien en septiembre de 2014 presentó la denuncia que ha dado lugar a este procedimiento. Así consta en una providencia del juzgado del pasado 30 de enero. Los testigos citados este jueves son el secretario general del Ayuntamiento chiclanero, el interventor, el habitual letrado del Consistorio y la concejal de IU Ana Rodríguez.

En un auto previo, concretamente del 26 de enero, el juzgado indica que, una vez sean practicadas las testificales antes referidas, «se señalará fecha para que Ernesto Marín declare en calidad de imputado». Y es que, aunque Marín acudiera ya a los Juzgados acompañado de su abogado, lo cierto es que tendrá que volver a hacerlo, ya como imputado, una vez la jueza escuche las declaraciones este jueves. Dicho auto acordaba la incoación de diligencias previas al apreciar indicios de un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos por parte del alcalde, toda vez que el relato de los hechos del denunciante «aparece apoyado en documentación oficial del Ayuntamiento» aportada por Muriano.

La denuncia que ha dado pie a este procedimiento, se basa en una serie de acuerdos y resoluciones administrativas adoptados por Marín entre el 4 de noviembre de 2008 y el 26 de marzo de 2014. Entre otras actuaciones «prevaricadoras» que atribuye al alcalde, figura el decreto dictado, «abusando del cargo que ostenta», para que el Ayuntamiento ejercitase acciones penales contra Muriano en relación a una licencia de obra que «no contaba con informe desfavorable ni advertencia de ilegalidad».