La Fiscalía abre una investigación sobre el informe de los pozos contaminados en Chiclana

La tempestad a cuenta de los pozos y acuíferos del diseminado, lejos de amainar se encrudece cada vez más. Ante las versiones, acusaciones y comunicados cruzados, la Fiscalía ha decidido esclarecer lo que está ocurriendo con las aguas que se consumen en las viviendas irregulares de Chiclana.

Así, la Fiscalía Provincial ha abierto diligencias penales para averiguar posibles responsabilidades en el caso que se destapó el pasado martes con la destitución de la delegada de Vías y Obras, Susana Moreno. El motivo, aducido por el alcalde Ernesto Marín, es el desconocimiento de un informe elaborado por Susana en el que hablaba de la contaminación de acuíferos y pozos que consumen unas 53.000 personas.

En mitad del revuelo causado por el polémico informe, la Fiscalía confirmaba ayer a este medio que ha abierto diligencias penales para la que dispone de seis meses en los que recabará información.

Un tiempo en el que el fiscal requerirá al Ayuntamiento toda la documentación necesaria, además del propio informe para investigar las responsabilidades que puedan ser constitutivas de delito.

Concretamente, lo que la Fiscalía pretende indagar es si se ha podido cometer un delito contra el medio ambiente. Parejo a este, se investigará también si ha podido existir algún tipo de conducta que haya puesto en peligro la salud pública.Las diligencias iniciadas por el Ministerio Público también van orientadas a aclarar si se ha podido incurrir en un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. 

Este delito contra la Administración pública se investiga a partir de las declaraciones efectuadas por el propio alcalde Ernesto Marín en la que decía desconocer el informe y acusaba a Moreno de una supuesta ocultación del mismo. Algo que la propia exdelegada desmintió en un comunicado en el que afirmó que el alcalde estaba al tanto del documento y sus conclusiones y en el que aclaraba que fue el propio regidor el que le transfirió las competencias para la creación de un equipo que estudiara la viabilidad de la red de aguas. 

El documento firmado por el director técnico de Proyectos de Chiclana Natural está fechado en 2014 aunque recoge analíticas realizadas por el laboratorio La Banda en 2011, 2012 y 2014. Todas ellas llegan a la conclusión que el agua no es apta para el consumo debido a su contaminación de origen fecal, por la cercanía de las pozas.

Precisamente esta temporalidad de años de analíticas de resultado desfavorable es lo que ha resultado más llamativo de un informe que habla claramente de que los «organismos encargados de la supervisión, vigilancia, control y sanciones por las razones que sean no cumplen con sus cometidos».

Esta aparente dejadez de años, reflejada ahora en un informe que recomienda «la resolución de este problema sanitario generalizado» de manera «muy urgente», será ahora investigada por la Fiscalía.

En caso de encontrar indicios de delito, el Ministerio Público procederá a formular denuncia en los juzgados. La otra opción es el archivo de las diligencias sin consecuencias. 

Esta investigación se encuadra en el enésimo capítulo de un problema que ha marcado el diseminado de la localidad desde hace décadas. El mismo que ha llevado a la existencia de miles de viviendas ilegales que se extienden por más de la mitad del término municipal de Chiclana, la mayor parte de ellas sin agua corriente, alcantarillado o alumbrado público y algunas incluso sin luz.

La Fiscalía de Cádiz emprendió hace unos años una feroz lucha para acabar con estas construcciones, impulsado la demolición de estas. Sin embargo, las actualizaciones de los PGOU que han ido aprobando los ayuntamientos, regularizando zonas, han ido neutralizando esta batalla que se seguía en los tribunales.