La Junta ya conocía el «riesgo sanitario» de los pozos de Chiclana

Nadie sabía nada, pero parece que todos los sabían. La paradoja, digna de iniciar un relato de suspense y comenzada con la destitución de la concejala del PVRE Susana Moreno por elaborar un informe que supuestamente desconocía el alcalde, tuvo el miércoles novedades. Y es que el propio Partido Vecinal Regionalista (PVRE) desveló que en mayo de 2014 ya informó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la «alta contaminación» y las «malas condiciones de salubridad» de los acuíferos que abastecen de agua a unas 20.000 viviendas de Chiclana.

Fue a través de un correo a los afiliados del partido como hizo saber de la existencia de este otro documento que llevaba adjunto una serie de analíticas que confirman lo que se sospechaba en la localidad desde hace años, la existencia de bacterias y nitritos que «ponen en peligro» la vida del que consume el agua procedente de estos pozos ilegales. Este informe no tiene vinculación directa con el realizado por la concejala Susana Moreno que cesó ayer en sus funciones por supuestamente no informar a Ernesto Marín que estaba elaborando otro nuevo documento, en esta ocasión como Ayuntamiento, para conocer el alcance de contaminación del subsuelo del diseminado. 

Ayer mismo, el PVRE dijo que también desconocía la existencia del documento elaborado por Moreno. Sin embargo, no desconocía la aparente gravedad de la situación ya que el 28 de mayo de 2014 envió un escrito a María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente, en la que «hablaba de la increíble situación por la que atraviesan miles de familias en Chiclana, debido a la alta contaminación de las aguas de los pozos». Dicho escrito, remitido por la presidenta del partido y concejala de Urbanismo, Marisol Ayala, aclara que «la vida de las personas está en peligro» y que se trata de un agua «altamente contaminada» lo que se podría considerar «un atentado contra la salud pública». 

Además de explicar cómo se ha llegado a esta situación, desde el PVRE aclararon a la Junta que «existen muchos casos de enfermedades en la piel y estomacales», así como «fiebres de origen desconocido». Dicha sintomatología es vinculada por el PVRE a los residuos de personas y animales, el uso de fertilizantes o «la infiltración de drenaje humano procedente de fosas sépticas». Eso hace que «los nitratos se transformen en nitritos» que «convierten la hemoglobina en metahemoglobina que reduce la cantidad de oxígeno que transporta la sangre». Además, explican como en las analíticas han encontrado bacterias como E. Coli «que pueden tener efectos graves sobre la salud pública» que pueden llegar a ocasionar «infecciones agudas, fiebre tifoidea, hepatitis, accesos infecciosos». 

Con este informe desde el PVRE pretendía que la Junta hiciera algo por las supuestas competencias que tiene sobre los acuíferos y las cuencas hidrográficas. El mismo fin que persiguió Ernesto Marín el pasado martes cuando, tras destituir a Moreno, envió al propio Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta. Ayer, desde la delegación del Gobierno de la Junta se limitaron a recordar que las competencias del suministro de agua, procedan de pozo o de red, son del Ayuntamiento ya que él tiene que velar por la salubridad. Por su parte, el Consistorio decidió guardar silencio y esperar un posicionamiento de la Junta.

Tampoco quiso hacer declaraciones la propia Moreno quien sólo precisó que seguirá en el Pleno como concejal independiente.  Además, desde el partido se envió un comunicado en el que se informó a los medios que se había convocado para la tarde una reunión de urgencia de su Comisión Ejecutiva para tratar su baja».  Igualmente, en un comunicado consideró que la entrega del acta de concejal por parte de Susana Moreno, debería hacerse efectiva de forma inmediata.

En la mañana de ayer también se celebró una Junta de portavoces en el Ayuntamiento. Durante la misma, según explicaron desde el PSOE, Marín se limitó a explicar los motivos de la destitución que ya mostró en un comunicado el día antes. Pese a las peticiones de los grupos, no se mostró el informe de Moreno. Eso llevó a la concejala socialista Cándida Verdier a pedir «la dimisión del alcalde». 

«Es un alcalde irresponsable, que además viene como si él no conociera la situación», recriminó la edil socialista, quien recordó que «ya en junio de 2013 desde el PSOE llamamos la atención al alcalde sobre este asunto y le pedíamos al PP que solucionara el problema». Por su parte el concejal de Izquierda Unida, Roberto Palmero, dudó de «la confianza de un gobierno desorganizado» y en el que «se hizo un informe con dinero público sin que nadie se entere».