El Consejo Social conoce los cambios de un PGOU para «un nuevo modelo de ciudad» en Chiclana

Los cambios estaban listos. Se conocía cuándo lo aprobará el Pleno o algunos detalles del calado de las modificaciones. Sin embargo, esta la tarde de ayer no los conocía la ciudadanía. Asi, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Chiclana (PGOU) ha pasado el trámite del Consejo Económico y Social (CES).

La reunión se celebró la tarde del pasado martes y en ella «se dejó constancia de la importancia de que éste sea provisionalmente aprobado lo antes posible, para que la ciudadanía empiece a estudiar y analizar las modificaciones que se han introducido», tal y como explicó ayer el propio Ayuntamiento en una nota de prensa. Lo cierto es que desde el inicio de la jornada del martes se sucedieron las reuniones en torno al PGOU, celebradas en las dependencias del Ayuntamiento y con la presencia de la empresa redactora del Plan, Territorio y Ciudad. 

De este modo, por la mañana se celebró un foro conjunto entre los partidos que integran el equipo de Gobierno (PP-PVRE), y los de la oposición (PSOE-IU). La cita tuvo lugar en la Delegación de Urbanismo y según destacó la concejala al frente de este área, Marisol Ayala «ninguno de los representantes políticos planteó dudas en referencia al PGOU, por lo que la reunión se caracterizó por una exposición sobre las modificaciones estructurales que contempla el documento».

Ya en horario de tarde, el punto de encuentro para el análisis del PGOU se situó en el salón de plenos del Consistorio. Allí, se celebró una nueva convocatoria del CES y del Consejo local de Urbanismo y Medio Ambiente, presididos por el alcalde, Ernesto Marín, y donde varios de sus miembros, en concreto los representantes de la zona de El Marquesado, destacaron la importancia de «aprobar el documento de manera provisional», dada la necesidad de que sea estudiado por todos. 

El representante de la empresa redactora del PGOU, Manuel Ángel González Fustegueras, desgranó el contenido del documento. De él, destacó la movilidad y el desarrollo sostenible y las centralidades periféricas mediante el respeto del paisaje. Asimismo, mostró su convencimiento de que el PGOU y la evolución del urbanismo  conlleva un reto significativo, que implica un seguimiento constante en el que deben implicarse tanto políticos como la ciudadanía.

Y es que según citó el Ayuntamiento, para Fustegueras permite la creación de nuevas oportunidades de generación de empleo y la creación de un nuevo modelo de ciudad.

Durante el trascurso de la reunión, se desgranaron los cambios estructurales a los que se ha visto sometido el Plan General y que afectan a la reducción de las zonas inundables, gracias a que se ha ajustado a lo establecido por el Estudio Hidráulico para la Prevención de Inundaciones y la Ordenación de las Cuencas de La Janda elaborado por la Junta. Por ello, miles de metros cuadrados serán incorporados a las áreas de regularización.

Además, el documento contempla el ajuste del trazado de las vías pecuarias a las identificaciones necesarias, emitidas por la Delegaciónde la Consejería de Medio Ambiente, mejorando la funcioanalidad y su trazado con respecto a los trazados previstos en la aprobación inicial. A eso se suma también la propuesta de estimación de 961 alegaciones de 122 modelos diferentes, de las que 702 se han tenido en cuenta de manera total y 259 alegaciones de manera parcial.

Reacción del PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Román, no se mostró tan optimisma. «Nuestra primera valoración es que el PGOU no marca estrategias económicas nuevas para la ciudad, ya que no existe un nuevo marco para el turismo, no hay una presencia de suelo industrial importante, no se ha desarrollado un estudio adecuado ni otro alternativo a la inundabilidad marcada por la Junta, a pesar de que la administración andaluza invitó al Ayuntamiento a la elaboración de un informe de este tipo, sobre todo, para la problemática en  el arroyo Carrajolilla y el río Iro. Eso, a pesar las 122 alegaciones sobre este problema, manifestó.

En cuanto a los costes de regularización, 494 personas han presentado alegaciones, solicitando dichos costes. «Sin embargo, el Gobierno de Marín rechaza las alegaciones y no se da respuesta sobre cuáles son los costes», denunció Román.