Rigau se niega a responder a las acusaciones y afirma ante el juez que no desobedeció al TC

En apenas una hora, la consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha concluido su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como imputada por la consulta secesionista del 9-N. Rigau se ha negado a responder a las preguntas del fiscal, Emilio Sánchez Ulled -que estaba acompañado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada-, ni a las del abogado del sindicato Manos Limpias, que representa a las acusaciones populares. Sólo respondió al magistrado instructor, Joan Manuel Abril, y a su abogado, Jordi Pina.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Enseñanza ha afirmado que no hizo «nada negativo» al participar en la organización de la consulta, que cumplió «un mandato democrático» del Parlament y aseguró que no desobedeció la interlocutoria del Tribunal Constitucional que suspendió el proceso de participación que finalmente se celebró, como alternativa a la consulta que previamente suspendió también el TC.

Como ya hiciera la propia Rigau y los otros imputados, Artur Mas y Joana Ortega, en su escrito de alegaciones a la admisión a trámite de la querella, la consejera de Enseñanza ha esgrimido como argumento que el TC no contestó cuando la Generalitat pidió al TC, el 6 de noviembre, que concretara qué actos quedaban suspendidos por su interlocutoria dictada dos días antes. Así, entiende que no hubo un mandato expreso del alto tribunal que prohibiera la consulta del 9-N. Por contra, Fiscalía sostiene en su querella que la suspensión del TC fue «una orden absoluta, tajante e inequívoca» que no precisaba de aclaración ni precisión.

Como responsable del Departamento de Enseñanza, a Rigau se le acusa de instar a los directores de centros escolares a que abrieran sus dependencias para habilitarlas como colegios electorales. Sin embargo, la consejera ha negado que ni ella, ni ningún cargo de Enseñanza, dieron tales instrucciones ni «obligaron» a los directores de centros educativos a abrir las escuelas . «Sólo informamos de que los centros podían ser utilizados como colegio electoral y que todo se llevaría a cabo por voluntarios», señaló.

La Fiscalía acusa a Rigau, Mas y Ortega de cuatro delitos -desobediencia, obstrucción a la justicia, prevaricación y malversación de fondos-, aunque por ahora el TSJC sólo le imputa el primero. En suma, los cuatro delitos acarrean hasta 18 años de inhabilitación y penas de cárcel no efectivas, puesto que no superarían el año y los querellados no tienen antecedentes.

Fuentes judiciales confirmaron que el interrogatorio a Rigau trasnscurrió con cordialidad. El abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz Lorite, requirió de una intérprete, ya que Rigau se acogió a su derecho de declarar en catalán.

Uno de los que presenciaron el interrogatorio de Rigau fue Miquel Roca i Junyent, abogado de la Infanta Cristina en el Caso Nóos, exdirigente de CDC y padre de la Constitución. El abogado de Rigau, Jordi Pina, confirmó que Roca, amigo de Rigau, ejerce a la práctica la codefensa de la consejera. El despacho de Roca está asociado al de Pina, Molins i Silva. «Roca me encargó que defendiera Rigau», precisó Pina en declaraciones a los medios de comunicación.