El Parlament invoca el derecho a decidir para defender la diplomacia catalana

Asegura que las autonomías «también son Estado» en sus alegaciones contra la suspensión de la ley de acción exterior

El Parlament invoca el derecho a decidir para defender la diplomacia catalana efe

maría jesús cañizares

El Parlamento catalán ha presentado alegaciones contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender algunos artículos de la ley catalana de acción exterior. La decisión del Alto Tribunal responde a un recurso del Gobierno , que acusa a la Generalitat de invadir competencias estatales. La Cámara catalana invoca el derecho a decidir de los catalanes ya que, según indica, el propio TC se ha pronunciado en el sentido "de que cabe una interpretación conforme a la constitución de dicho principio". Entiende el Parlament que el principio del derecho a decidir, aplicado a la ley de exteriores "no es contraria a la Constitución, entendido como una aspiración política que puede ser defendida por ciertas fuerzas políticas". También alude a la doctrina del TC al asegurar que "las comunidades autónomas también son Estado"

Asimismo, en el escrito de alegaciones se hace referencia a las oficinas de la Generalitat en el exterior, cuyas funciones "no coinciden con las funciones de las misiones diplomáticas y oficinas consulares". Estas "embajadas" promueven "los intereses de Cataluña, especialmente en los ámbitos de la prmoción económica, la investigación y la innovación, la captación de inversiones, la promoción turística, la internacionalización de las empresas culturales, la proyección internacional de la lengua y culturas catalanas y la cooperación y ayuda al desarrollo". El Parlamento catalán niega que haya invasión competencial y recuerda que el Estatuto de Autonomía de 2006 reconoce a la Generalitat competencias para llevar a cabo esa diplomacia exterior "que la Generalitat ha ejercido desde los años 80" de forma similar "a la del resto de comunidades autónomas del Estado" en forma de viajes institucionales, creación de oficinas y acciones de cooperación. Por todo ello, exige al TC que levante la suspensión cautelar sobre la citada norma catalana.

El Parlament invoca el derecho a decidir para defender la diplomacia catalana

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