El TC suspende la Ley de exteriores catalana al admitir el recurso del Gobierno
El Gobierno y el Parlamento de Cataluña dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite e l recurso del Gobierno contra la ley de acción exterior de Cataluña y ha acordado su suspensión automática, tal y como solicitaba el Ejecutivo de Rajoy.
El Pleno del Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Gobierno y Parlamento de Cataluña, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
El pasado 6 de marzo el Consejo de Ministros autorizó al presidente del Gobierno a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Acción Exterior de Cataluña, aprobada recientemente por los independentistas de esa Comunidad Autónoma para tratar de tener voz y estrategia propia fuera de España y convencer a la comunidad internacional de las bondades de su desafío secesionista.
El Gobierno frenó en seco esa intención y pidió al Tribunal Constitucional que suspenda de forma automática todos sus efectos, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.
De nuevo, los planes independentistas de Artur Mas chocan contra la ley y el Estado de Derecho. Santamaría también ha explicóque el Gobierno ha recurrido, por la vía contencioso-administrativa, la apertura de «embajadas» de Cataluña en Roma y Viena, por no respetar ni cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente.
En concreto, el Gobierno considera que la ley de Acción Exterior catalana vulnera el artículo 149.1.3 de la Constitución, «que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales». También vulnera, según el Gobierno, el artículo 97 de la Constitución, donde se establece que corresponde al Estado la competencia de «dirigir la política exterior», y se le reserva la exclusiva representación de España en el extranjero.
La vicepresidenta del Gobierno señaló que la ley autonómica no respeta el principio de la competencia exclusiva del Estado en materia exterior, y pretende que la Generalitat de Cataluña sea un actor internacional al margen de España.
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