Al Gobierno de Mas se le atraganta su ley catalana de consultas

La ley catalana de consultas populares nació con mal pie. Y sigue dando quebraderos de cabeza al Gobierno de Artur Mas. Pensada para convocar un referéndum encubierto sobre la independencia de Cataluña, el Tribunal Constitucional acaba de anular esa norma. Pero esta norma abría la posibilidad de que los catalanes sean consultados sobre otros asuntos supuestamente menos controvertidos, pero que también han generado controversia. Este es el caso del Ayuntamiento de Biosca (Lérida), cuyo alcalde, Corneli Caubet, quería organizar una consulta sobre la segregación de este municipio, que ahora pertenece a la comarca de la Segarra, para integrarse en la del Solsonès. Una pretensión compartida por el municipio de Torà.

Caubet denunció que tras la suspensión del TC y la "desautorización" de la Consejeria de Gobernación de la Generalitat, la convocatoria de ese referendo en Biosca y Torà quedaba suspendida. La reacción del alcalde no ha sentado bien a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat que, a través de un comunicado, recuerda que atendió a los alcaldes de ambas poblaciones "para ofrecerles el pleno apoyo para la celebración de un proceso participativo" en base a la ley de consultas, pues entiende que "la posibilidad de celebrar procesos participativos no ha sido anulada por la reciente sentencia del TC" en tanto que los artículos referentes a esos procesos "no fueron objeto de impugnación ni de suspensión". Esta Dirección General "lamenta que el alcalde descargue la responsabilidad de la decisión de no celebrar el proceso participativo sobre el cambio de adscripción comarcal de los municipios de Biosca y Torà" en el Departamento de Gobernación. Esta Consejería reitera que "en pleno respeto a la autonomía local, atenderá los ritmos de las decisiones que impongan los respectivos consistorios, pero no comparte en cualquier caso las acusaciones de no estar a su lado".