PP y C's rechazan la ley de Acción Exterior por ser «propaganda»

El Parlamento catalán aprobó ayer el proyecto de ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que el Govern ve como un paso más en las «estructuras de Estado», gracias a los votos favorables de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, mientras que la CUP se abstuvo y PPC y C’s se opusieron.

El consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, declaró tras la votación que se trata de una ley «pionera» porque es la primera ley de acción exterior en Cataluña y que, al mismo tiempo, simboliza «el compromiso de Cataluña con su internacionalización y con la UE». Desde su punto de vista, la aprobación de esta norma, es un «paso de gigante en todo lo que tiene que ver con la articulación de estructuras de Estado», como es la «política exterior catalana».

La ley, que define las líneas generales de actuación de la Generalitat a través de su red de oficinas y en colaboración con la sociedad civil para lograr la máxima proyección de Cataluña en pleno proceso soberanista, ha sido aprobada por 99 votos a favor, 29 en contra y 3 abstenciones y con todas las enmiendas que se presentaron rechazadas.

En el debate parlamentario, la diputada de CiU y relatora de la ponencia, Mireia Canals, aseguró que el texto se ha mejorado «notablemente» en lo trabajos de la comisión y ha criticado que el PP llevara el proyecto al Consejo de Garantías Estatutarias, que concluyó que era acorde al Estatut y a la Constitución.

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Solé destacó que esta ley propicia que «un país europeísta» como Cataluña esté presente como « actor » en el marco de las relaciones internacionales.

Por su parte, la diputada del PSC Rocío Martínez-Sampere recriminó a Ciutadans que no «haya aparecido en la ponencia» de dicha ley, aspecto que el PSC «no entiende». El diputado del PP Juan Milián justificó la votación en contra porque esta ley «es la prolongación de los organismos de agitación y propaganda que fomentan la internacionalización del conflicto» derivado del proceso soberanista. La diputada de ICV-EUiA Sara Vilà apoyó la nueva normativa aunque criticó que no recoja «el fomento de la paz» y no obligue a las empresas catalanas que se deslocalizan a «respetar los derechos humanos en países en vías de desarrollo».

El parlamentario Jose María Espejo, del grupo de C’s, calificó esta normativa de «innecesaria y malintencionada» porque, a su juicio, «es una ley del Estado para utilizarla fuera del Estado contra el Estado». Por su parte, el diputado de la CUP Quim Arrufat manifestó que esta ley tiene que ser la primera en eliminarse si un día Cataluña se independiza y, en ese sentido, ha defendido la abstención porque su grupo desearía una normativa propia de un Estado.