9-n
La Abogacía Catalana y la Oficina Antifraude no ven delito en el 9-N
Según el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, será un tema que se acabará archivando o en todo caso pasaría al contencioso administrativo
El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Abel Pié, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso, consideran que no hay delito en la actuación de la Generalitat en cuanto a la celebración del proceso participativo del 9 de noviembre sobre el futuro político de Cataluña.
«Por supuesto que no hay delito ni por parte de autoridades ni por parte de funcionarios», ha valorado Pié este martes en declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, y ha añadido que, en todo caso, será un tema que se acabará archivando o en todo caso pasaría al contencioso administrativo.
También ha advertido de que la Fiscalía debe actuar bajo un criterio jurídico y no político, y de que el Ministerio Público «actuando políticamente podría llegar a incurrir en un delito».
«Los jueces tienen la obligación de escuchar a la Fiscalía. Pero no sé encontrar con que artículo base pueden iniciar un procedimiento», ha valorado el presidente del consejo que agrupa a los colegios de abogados de Cataluña.
En parecidos términos se ha pronunciado en declaraciones a Catalunya Ràdio el director de la OAC, que ha descartado que el 9N suponga un delito de malversación de fondos públicos por parte del Govern y tampoco prevaricación, al considerar que dada la participación la convocatoria «puede que tenga una utilidad pública».
En opinión del director de Antifraude, que es magistrado de la Audiencia de Barcelona en excedencia, la imputación de un posible delito de desobediencia a los cargos del Govern «no tiene ningún futuro, porque no ha habido un requerimiento expreso de que se haga una cosa».
«Otra cosa podría ser la prevaricación, pero, claro, aquí el problema es ver si la resolución fue injusta, pero no es lo mismo injusta que ilegal. Puede ser que sea justa pero no adaptada a la ley y, por lo tanto, creo que tampoco tendría futuro», ha opinado Daniel de Alfonso.
El director de la OAC tampoco ve posible que prosperara una acusación de malversación contra el gobierno catalán, dado que puede considerarse que la votación de anteayer tiene una «utilidad pública», como lo demuestra a su juicio el hecho de que un 33 % de la población acudiera a las urnas.
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