La consulta arranca con «absoluta normalidad» al amparo de la Generalitat

El proceso participativo del 9N ha arrancado con «absoluta normalidad», los diferentes puntos de participación han abiertos y casi todas las mesas de participación se han constituido sin problemas, según ha informado el Gobierno catalán en un comunicado.

La Generalitat también ha aprovechado estas primeras horas de votación para despejar una de las dudas que se había generado y confirmar que será la la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, quien facilitará los primeros datos de participación a las 14.00 horas.

Pese a esa normalidad que destaca la Generalitat, la mañana ha arrancado con algunos incidentes, como la negativa de la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a dar las llaves del centro a los voluntarios de la jornada o los paños con silicona que impedían la entrada a dos escuelas del barrio de Horta. También el Ayuntamiento de Pontons se ha negado a ofrecer locales para la consulta.

En Gerona, un grupo de seis encapuchados ha entrado en la Escuela de Hosteleria insultando a los votantes y rompiendo el mobiliario, y la gente ha reaccionado reduciéndolos hasta que han llegado los Mossos d'Esquadr y los han detenido.

Con todo, los 1.317 locales habilitados han abierto las puertas con normalidad y, desde primera hora de la mañana, se han registrado grandes colas a la entrada de los colegios. Los políticos también se han dejado ver desde primera hora y han dado buena cuenta a la salida de su opción de voto.

Así, mientras que el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, ha optado por la papeleta del «sí-no» para «abrir un escenario de negociación» que traiga un acuerdo diferente con el Estado, el líder de CiU en el Congreso y líder de UDC, Josep Antoni Duran, ha optado por la misma fórmula porque, ha dicho, pese a no estar nada de acuerdo con el trato que recibe Cataluña , no es independentista.

En un plano jurídico, el 9-N ha amanecido también con una denuncia de UPyD contra Artur Mas; la consellera de Educación, Irene Rigau, u el de Interior, Ramon Espadaler, a quienes acusa de delitos «flagrantes y permanentes» de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.