Cuenta atrás para la consulta del 9-N: Artur Mas comienza a tirar la toalla

Queda exactamente un mes para la fecha de la consulta secesionista, pero los mensajes lanzados por el presidente Artur Mas y el entorno soberanista apuntan a que el 9 de noviembre, las urnas no saldrán a la calle. Al menos oficialmente, otra cosa es que plataformas afines como la Asamblea Nacional Catalana organicen sucedáneos o consultas "de pachanga" como denunciaron ayer PP y Ciudadanos. El líder de CiU, que en privado ha admitido que no puede celebrarse la consulta, ha asegurado en una entrevista en el diario "The New York Times" que se mantienen los preparativos hacia la consulta del 9 de noviembre, pero precisa que no arrastrará al país "a una crisis constitucional si el voto el considerado ilegal". Estas declaraciones tienen lugar dos días después de que, en un acto en Barcelona, reconociera que el proceso soberanista es un "terreno desconocido" en el que no existen las "seguridades absolutas". Añadió que "es imposible explicar honestamente qué pasará" en un escenario político como el actual.

El Gobierno catalán ha puesto el 15 de octubre como fecha límite para renunciar a la consulta del 9N, pues más allá de esa fecha, no habría garantías legales para celebrarla. Esta afirmación ha irritado a sus socios de ERC, que hablan de "fecha de defunción" de la consulta. Y es que la desunión entre los partidos que forman el bloque proconsulta es total. El coordinador de ICV, Joan Herrera, ha afirmado que "cada día que pasa hay menos garantías democráticas" para celebrar la consulta y considera que no se puede "perpetuar demasiado en el tiempo" la actual situación en la que se intenta preparar el 9N sin disponer de dichas garantías. La CUP, por su parte, apuesta por la desobediencia civil, mientras que Unió sigue mandando mensaje en favor de cumplir la legalidad . La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, se niega a dar instrucciones sobre el referéndum a los secretarios e interventores municipales favorables a la consulta, según una carta a la que ha tenido acceso ABC. Responsable de la función pública y dirigente de UDC, Ortega pretende proteger a los empleados municipales de ser inhabilitados si desobedecen al Tribunal Constitucional (TC), que ha suspendido la ley de consultas y el decreto de convocatoria , y participan en la organización de la misma.

Ejemplo de que el frente secesionista hace aguas es la cumbre celebrada el viernes pasado en el Palacio de la Generalitat, donde no pudo llegarse a ningún acuerdo sobre la estrategia a seguir. Hoy estaba prevista otra reunión de CiU, ERC, ICV y CUP, ahora en suspenso porque Mas quería discreción . Y posiblemente, que no volvieran a trascender las discrepancias entre los socios.