Colau se queda sola con la CUP en la moratoria turística

Los grupos municipales de C’s, PSC, CiU, ERC y PP en Barcelona aprobaron ayer una proposición que insta al Gobierno municipal a presentar una propuesta para levantar parcialmente la suspensión de licencias de alojamientos turísticos, porque consideran que no debería afectar a las zonas que no estén saturadas por el turismo, iniciativa a la que se opuso la CUP y el BComú.

La propuesta, aprobada en comisión municipal extraordinaria, también pidió al Gobierno de Ada Colau que haga públicos los informes en los que se basó para impulsar la moratoria, y estudios que analicen el impacto económico y en el empleo. Además, reclamó que entregue en un plazo máximo de un mes estudios jurídicos que analicen posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a inversores afectados por la moratoria, y que el Gobierno municipal explique si ha creado una reserva presupuestaria para asumirlas en el caso de que se deban cubrir.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, defendió que la moratoria se estableció en toda la ciudad para obtener una fotografía de la situación para estudiar la regulación y cómo frenar la «desregulación y la barra libre» del turismo, potenciada en el mandato del exalcalde Xavier Trias, según ella. Acerca de la petición de los estudios previos sobre las consecuencias derivadas de los derechos de los inversores, dijo que se realizan después de acordar la regulación y no antes de la suspensión, que recordó es temporal, informa Ep.

Sobre las posibles indemnizaciones, aseguró que «no hay implicaciones jurídicas» por el hecho de ser una suspensión provisional y no permanente y porque considera que el sector ha entendido que la decisión sirve para impulsar una reflexión y una regulación clara y realista que permita redistribuir la carga turística en la ciudad.

Frente a esta posición, la líder municipal de C’s, Carina Mejías -cuyo grupo impulsó la comisión junto al PSC-, aseguró que 18 proyectos han interpuesto una demanda para exigir una indemnización, y cifró en 41 los que contaban con certificados urbanísticos en el momento de la suspensión. Jaume Collboni (PSC) exigió una rectificación, y criticó que la forma de gobernar de BComú se base en «hacer titulares fáciles, y a veces son muy caro». Sònia Recasens lamentó la incomparecenciade la alcaldesa y apuntó que no están dispuestos a retroceder en lo que se había avanzado en materia de turismo responsable.

Desde el PP, Javier Mulleras aseguró que aplicar la suspensión en toda la ciudad equivale a querer matar moscas a cañonazos, y criticó que el Gobierno de Colau ha generado un efecto de expulsión de la actividad económica: «El Gobierno municipal ha pasado de poder ser parte de la solución a ser una parte del problema».