Colau anuncia una revisión de la ordenanza de Civismo de Barcelona
Apunta a unos cambios para los que necesita una mayoría de la que no dispone
Tras unos primeros días como alcaldesa más de gestos que de decisiones, Ada Colau entró ayer de pleno en el que probablemente es uno de los asuntos que, para bien o para mal, puede marcar el éxito o el fracaso de su mandato, el de la seguridad y el orden en el espacio público. En este sentido, Colau anunció ayer su pretensión de revisar la Ordenanza de Convivencia, al considerar que «algunos de sus artículos hacen que se criminalice al más débil en vez de atacar las causas».
En paralelo, explicó Colau, los servicios técnicos municipales también están revisando la cuantía de las sanciones, al considerar que son «desproporcionadas en muchos casos». Colau, tras reunirse con la síndica de Barcelona, María Assumpció Vilà, aludió en concreto a las sanciones por ejercer la prostitución y a las que puedan imponerse a indigentes. También, como ejemplo de multas «desproporciondas», apuntó los 1.200 euros que pueden llegar a implicar jugar en la calle. Hay casos que «atentan al sentido común y no tienen justificación», apuntó. La alcaldesa señaló en este sentido el trabajo de los «mediadores de calle» como una de las vías alternativas para abordar estas situaciones.
La intención de revisar la Ordenanza de Civismo choca en cualquier caso con la debilidad numérica de su gobierno, en tanto que un cambio de este tipo debe aprobarse lógicamente en el plenario. El bloque de izquierdas sobre el que a priori debería apoyarse incluye a un PSC que fue de hecho el impulsor de la citada ordenanza, un acuerdo por tanto difícil de alcanzar.
Menos agentes en la calle
Precisamente en relación con la aplicación de la ordenanza, el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, aseguró ayer que el Consistorio está «bajando la guardia» en materia de seguridad. Fernández exigió en este sentido a Colau «que se posicione sobre cómo encarar la temporada turística y sobre la presencia de la Guardia Urbana en los barrios para garantizar la convivencia, la seguridad y luchar contra actividades irregulares». El PP aludió en concreto a la retirada de la acusación penal del Ayuntamiento contra dos estudiantes detenidos por disturbios en la huelga general de 2012, así como la eliminación de las horas extras de la Guardia Urbana -algo que Colau reconoció-. Esta última medida, con la disminución del número de efectivos en la calle que ello supone, ya habría provocado el pasado fin de semana un importante repunte de la venta ilegal ambulante en el centro de la ciudad.
El líder del PP en el ayuntamiento apuntó que, «si por un lado hay menos presencia de Guardia Urbana en las calles, y por otro se retiran acusaciones, ya no tan sólo se dará la percepción, sino que además habrá el riesgo de que Barcelona se acabe convirtiendo en jauja».
Revisar el caso «4F»
En paralelo, la alcaldesa de Barcelona anunció ayer que examinará los protocolos de concesión de pensiones a dos guardias urbanos implicados en el «caso 4F», la desocupación de un edificio que tuvo graves consecuencias para la salud de un urbano y en el que varios jóvenes fueron condenados a prisión. Colau hizo estas consideraciones después de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) considerase «cuestionables» las citadas pensiones.
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