El Síndic aprecia indicios de malos tratos en el caso del 4F
Ribó denuncia la desaparició del registro de detenidos de la Guardia Urbana
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció ayer que las administraciones actuaron con «negligencia» y «falta de transparencia» en el caso del 4F y apreció «indicios de malos tratos» con al menos uno de los detenidos, que sufrió una herida abierta en la cabeza mientras estaba bajo custodia policial.
Así lo advirtió el Síndic en una rueda de prensa para presentar las conclusiones de su investigación de oficio sobre el caso del 4F, a raíz de la emisión del documental «Ciutat Morta», en el que los condenados por dejar en estado vegetativo a un agente de la Guardia Urbana en febrero de 2006 alegan que fueron víctimas de malos tratos policiales y de un montaje judicial.
En su informe, el Síndic aprecia indicios de malos tratos en el caso del principal condenado, Rodrigo Lanza, ya que tras su detención fue visitado en el Hospital del Mar, hacia las 08.30 horas de la mañana, por policontusiones -atribuibles a la trifulca previa al arresto-, y posteriormente, tras permanecer unas horas bajo custodia policial en comisaría de la Guardia Urbana, fue trasladado al Hospital de la Esperanza, donde le tuvieron que poner varios puntos de sutura y una grapa en la cabeza, ya que tenía una herida abierta.
«¿Es verosímil que le dejaran abierta una herida en la cabeza en el Hospital del Mar? Si la lesión es posterior, ¿cómo se produjo? ¿por qué no constan las causas que la provocaron?», se preguntó Ribó, mientras que su adjunto Jordi Sánchez admitía que no tienen «certezas» de que hubo malos tratos, pero sí indicios.
El Síndic también denunció la existencia de varias «irregularidades» en este procedimiento, como la desaparición del libro de registro y custodia de detenidos de la Guardia Urbana de Barcelona con la información relativa a febrero de 2006, cuando ocurrió la trifulca del 4F, lo que considera un «hecho grave», o que en el atestado policial no se incluyeran los informes médicos del Hospital del Mar.
La investigación del Síndic también ha concluido que el procedimiento que ha culminado con la declaración de invalidez de dos de los agentes de la urbana implicados en el caso -que permanecen en prisión por torturar a un detenido en un proceso paralelo-, parte de un «error de diagnóstico», por lo que pondrá su informe en manos de la Seguridad Social (INSS) por si considera necesario revisarlo.
Tras la detención de los principales sospechosos, hacia las 07.30 horas de la mañana del 4 de febrero de 2006, la Guardia Urbana trasladó a los arrestaos al Hospital del Mar, para ser reconocidos en el servicio de urgencias, donde se constató que presentaban policontusiones -que encajarían en las lesiones propias de la trifulca previa a su arresto-, pese a que no les pudieron hacer radiografías por problemas técnicos.
Posteriormente, hacia las 11.10 horas de la mañana, los detenidos fueron trasladados al Hospital de l’Esperança, donde Rodrigo Lanza presentó una herida en la cabeza que requería varios puntos de sutura con una grapa, mientras que su compañero Daniel Pintos tenía varias fracturas y contusiones, por las que le tuvieron que enyesar un brazo.
Por este motivo, el Síndic concluye en su informe que, «como mínimo, en uno de los detenidos se acreditan heridas y contusiones mientras se hallaba bajo custodia», en el caso de Rodrigo Lanza, informa Efe.
El Síndic también denunció que la Guardia Urbana no mantuvo debidamente la custodia de documentos y archivos, ya que el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, les comunicó que desde 2010 se da por desaparecido el libro sobre la custodia de detenidos con la información de febrero de 2006, un hecho del que no constan precedentes. Ribó denunció además que ni la Guardia Urbana ni los Mossos abrieron ninguna investigación interna sobre estas denuncias por malos tratos, archivadas por la justicia.
El Síndic, que insistió que no tiene capacidad para instar a la reapertura de casos judiciales, se ofreció a los cuerpos policiales para dirigir investigaciones independientes en los casos de denuncias por malos tratos. Ribó recomendó al Ayuntamiento de Barcelona que rediseñe la Unidad Interna de Investigación, dote de cámaras de vigilancia los calabozos y vehículos de traslado.
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