Trias dice ahora que investigará la denuncia de «Ciutat morta»
CiU llevará a la Fiscalía el documental un año y medio después de que se estrenara
Despertaron de golpe. El pase el sábado por la noche en TVC del documental de denuncia «Ciutat morta» llevó ayer al Ayuntamiento de Barcelona a reaccionar, ordenando una investigación interna y llevando la película a la Fiscalía. «Ciutat morta» denuncia las irregularidades en la actuación policial y judicial en relación con la detención y condena de media docena de personas, acusadas de haber lanzado piedras durante el desalojo de una fiesta «okupa» en la que un agente de la Guardia Urbana quedó tetrapléjico. Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2006 cuando en el Consistorio barcelonés gobernaba el PSC, con el alcalde Joan Clos, junto a ERC e ICV.
El actual Consistorio, liderado por Xavier Trias, de CiU, ha decidido llevar el documental a Fiscalía ahora, informó el primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, pese a que éste se estrenó hace año y medio, en una decisión que obviamente se interpreta en clave de precamapaña electoral de las municipales de mayo. También el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunció ayer que abrirá una investigación de oficio sobre el suceso, mientras que desde la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona se instó a la Fiscalía a actuar. Pero el Ministerio Público no intervendrá, por ahora.
Fuentes de la Fiscalía de Barcelona señalaron a ABC que por el momento descartan actuar de oficio para revisar el caso del 4-F, ya que consideran que el reportaje no supone, ni aporta, ninguna prueba jurídica nueva. El mismo argumento que esgrimió el consejero de Justicia, Germà Gordó.
Otra cosa sería, apuntaron las mismas fuentes de Fiscalía, que se les hiciera llegar una prueba que permitiera descartar la participación en los hechos de Patricia Heras -la condenada que se suicidó durante un permiso penitenciario- o sobre la implicación de un tercero en los hechos. En este sentido, en el documental se revela que una persona se puso en contacto con la defensa de los condenados y afirmó que un amigo suyo le confesó que él había lanzado una maceta a la cabeza del urbano desde el edificio okupado; desmontando así la versión oficial, que achaca las lesiones a una pedra arroja a pie de calle. Con todo, los abogados de los procesados no lograron localizar al supuesto autor de los hechos.
Si el ministerio público recibiera ésta u otro tipo de prueba nueva, elaboraría un informe que elevaría a la Fiscalía del Tribunal Supremo, para que valorara la interposición de un recurso de revisión. También los condenados, en base a una prueba nueva, podían pedir este recurso de revisión.
A falta de novedades que den un vuelco judicial al caso, los partidos políticos, en guardia ante los comicios municipales del próximo 25 de mayo, siguen lanzándose críticas. Todos -PSC, CiU, ERC, ICV, PP, C’s y la CUP-, de acuerdo con que se reabra la investigación. Aunque no en el reparto de culpas.
El exalcalde Jordi Hereu, concejal de Seguridad cuando los hechos, afirmó ayer en un comunicado que tiene «la plena convicción» de que actuó correctamente, aunque señaló que el caso debe reabrirse si hay nuevas pruebas.
El caso quema hasta ERC, que formaba gobierno con el PSC e ICV en febrero de 2006. Sin embargo, su concejal Jordi Portabella cargó las tintas contra el PSC y alegó que los cargos implicados -el alcalde Clos, Hereu y el concejal Carles Martí-, eran del PSC. ICV pide investigar, aunque en su momento no denunciaron el caso. Desde el PP, Alberto Fernández defendió la actuación de la Guardia Urbana.
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