Batería de iniciativas contra el alcalde de Barcelona por la consulta del 9-N

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, con Alberto Fernández al frente, presentará en las Comisiones Municipales un conjunto de iniciativas en las que se piden explicaciones al alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU) sobre la consulta del pasado 9 de noviembre.

En lo relativo a la presidencia y el régimen interior, se solicitará que comparezca el responsable del Gobierno Municipal para informar sobre los medios humanos y materiales que el Ayuntamiento cedió al proceso participativo y el coste total de que el 9-N supuso para el consistorio. También pedirá que se revele el número de efectivos de la Guardia Urbana que se pusieron a disposición de la vigilancia durante la jornada, así como el nombre de los mismos, el coste y su distribución.

Otra de las demandas que el PP de Barcelona llevará al Ayuntamiento es la copia de la factura emitida por la Administración Municipal de Barcelona a las entidades que solicitaron el alquiler del Centro Cultural del Born el 9 de noviembre.

Los populares también pedirán que el responsable del Gobierno Municipal informe públicamente sobre las sanciones por infracciones de la ordenanza de Paisaje Urbano respecto al panel luminoso con cuenta atrás digital situado en la Plaza Sant Jaume y todos los otros elementos relacionados con la consulta del 9-N que incumpliese las Ordenanzas Municipales, indicando el número de expedientes sancionadores que se han abierto hasta la fecha, además de su importe. También instará al Ayuntamiento a revelar cuánto pagó la Asamblea Nacional Catalana por usar y teñir de amarillo el agua de la Fuente Mágica de Montjuic en su acto central del 7 de noviembre con una copia por escrito de la respuesta.

En las mismas Comisiones Municipales, el grupo popular solicitará la retirada inmediata de los plásticos amarillos, banderolas y cualquier otro elemento relacionado con la consulta que se encuentren colgados en cualquier componente del mobiliario urbano. También pedirá que el total del coste de la retirada del material repercuta en la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.