El independentismo neoproteccionista

Ante situaciones de crisis económica, la reacción de las sociedades suele ser replegarse en sí mismas para protegerse de la competencia exterior y tratar de resolver los problemas sociales internos derivados de la caída de la actividad económica y el desempleo. La historia moderna demuestra cómo los gobiernos han utilizado, en función de sus competencias, instrumentos como aranceles, contingentes, barreras normativas, fiscales y monetarias para hacer frente a episodios de crisis, como la de los años setenta y los años treinta. No obstante, el entorno actual hace cada vez más difícil el uso de estos instrumentos para protegerse frente al exterior sobre la base del sistema multilateral de liberalización comercial de la Organización Mundial del Comercio y, sobre todo, de la integración económica regional en la Unión Europea con el mercado común europeo y su refuerzo con la moneda única del euro.

A pesar de esta realidad, el gobierno autonómico catalán se ha caracterizado por ser proteccionista con la aplicación de trabas administrativas y de mayores impuestos autonómicos que dificultan la instalación y creación de empresas y la atracción de talento, que acaban teniendo un efecto contraproducente en la economía interna y finalmente en el bienestar de los catalanes. Incluso ahora el nuevo gobierno barcelonés pretende crear una barrera más: una moneda local, con la consiguiente incertidumbre cambiaria. Todo ello va en contra de la mejora de la competitividad de las empresas catalanas necesaria para competir en los mercados europeo y exteriores en la actual era de globalización para conseguir un crecimiento sostenido, crear empleo y garantizar el estado de bienestar a los catalanes.

En los últimos años, el gobierno autonómico ha apostado por una nueva medida «neoproteccionista»: el independentismo frente al Estado español, y en consecuencia frente a la Unión Europea, pese a la necesidad de estar unidos en España y Europa para superar la crisis económica y social. Se ha considerado esta medida como económica para poner fin a un supuesto maltrato entre administraciones públicas y así hacer frente a la crisis y mejorar el bienestar de los catalanes. Cuando, en realidad, el independentismo va en detrimento de las empresas y familias catalanas, siendo pues un instrumento totalmente político con vistas a proteger al mismo gobierno autonómico por la mala gestión de los asuntos públicos y/o los graves casos de corrupción que afean a CiU.

No se puede entender como instrumento económico, pues el proceso separatista genera inestabilidad política e inseguridad jurídica lo que conlleva expulsión de empresas fuera de Cataluña y el deterioro de las relaciones comerciales con su principal socio, que es el resto de España. Según los datos oficiales (DataInvex) y para el período 2010-14, las inversiones extranjeras se han reducido en Cataluña en casi un 40% (en más de 1.800.000 millones de euros), mientras que han aumentado en más de un 95% en Madrid, en un 500% en la Comunidad Valenciana, o en más de un 800% en el País Vasco. Por otro lado, están en juego el 40% de las ventas al exterior de Cataluña que se destinan exclusivamente al resto de España, teniendo en cuenta que se han reducido en 7.168 millones de euros en 2010-14, y que permiten compensar el déficit comercial que Cataluña tiene con el resto del mundo.

Asimismo, el «procés» no sólo conlleva costes económicos sobre las empresas y familias sino también sociales, ya que desgraciadamente se ha creado una falsa ilusión a los catalanes generando crispación entre ellos e incluso distinción entre los «buenos» y los «malos» catalanes. Así pues, está por ver cómo y cuándo llegará el fin de este «neoproteccionismo» cuando es bien sabido que la independencia de Cataluña no es viable jurídicamente ya que no se sostiene ni en la Constitución ni en el estado de derecho español ni en el derecho internacional público. Y por tanto no es posible contar con el apoyo ni del Gobierno de España ni de la Comunidad Internacional.

Míriam Casanova es profesora de Organización Económica Internacional en la UB y asesora del grupo del PP en Barcelona.