El limbo de las estructuras de Estado

Todo el mundo es bueno. Tanto que en una Cataluña independiente, habrá una confianza ciega entre administración y contribuyente. Adiós fraude fiscal, hola a la honradez impositiva. O el director del Programa para la definición de un nuevo modelo de Administración Tributaria de Cataluña, Joan Iglesias, es un idealista o un nuevo teórico de las teorías evolutivas. A saber, que los catalanes son más honrados que el resto de los españoles y que, por tanto, en un Estado propio, triunfará un sistema tipo escandinavo donde el ciudadano es leal con el fisco. Los escritos de Iglesias van por ese camino. Dicho de otra forma, que Cataluña dejaría atrás el sistema informático «Rita» y su voracidad recaudatoria porque tras la desconexión con el Estado, no habrá ni dinero negro ni fraude fiscal ni evasión a paraísos fiscales. Obviamente, en una Cataluña independiente, el expresidente Jordi Pujol, que hoy comparece en el comisión de investigación parlamentaria que mediáticamente lleva su nombre, nunca habría cometido esas irregularidades confesadas de su puño y letra el verano pasado.

Quien está llamado a ser el Montoro del nuevo Estado catalán se presenta en los cenáculos económicos como «Asesor personal del ‘president’». No puede haber mejor tarjeta de presentación. Lástima que el propio Artur Mas haya reconocido que la hacienda propia nunca será posible hasta que Cataluña sea independiente. Lo hizo en la presentación del libro de Iglesias «Una hacienda a la catalana». Su reflexión coloca a su «asesor personal» en el limbo de las estructuras de Estado, pues más allá de teorizar, especular o reforzar (que lo necesita) la Agencia Tributaria Catalana dentro de las competencias asignadas estatutariamente -cabe recordar que las 17 comunidades autónomas tienen su agencia coordinada con la estatal-, Iglesias tiene un escasísimo margen de maniobra. Eso sí, Mas le ha convertido en el inspector de Hacienda mejor pagado de España: 102.000 euros al año. Un sueldo caído del cielo soberanista. Y si la cosa sale mal, siempre puede volver al cuerpo nacional de inspectores.

Lo de Joan Iglesias y sus cometidos imposibles recuerda el caso de aquella funcionaria de alto nivel que, durante tres años, cobró un sueldo de 60.000 euros por una Oficina Antifraude que no existía. Entonces gobernaba el tripartito, con ERC empeñada en impulsar un organismo que destapara supuestas corruptelas de CiU. Ironías del destino, la Oficina vio la luz finalmente y, entre sus investigaciones, figura los negocios turbios de Jordi Pujol Ferrusola en Puerto Rosario. Un asunto por el que hoy será interrogado en la citada comisión parlamentaria, pues está citado a comparecer junto a sus padres. Si es que acude. Si es que habla.