tribuna abierta
La discriminación que no cesa
Si se pagara tal como establece claramente la ley, Catalunya obtendría unos ingresos de 1.500 millones de euros correspondientes a los años 2014 y 2015
Cuando las leyes de un estado son sistemáticamente incumplidas por su gobierno, hay algo que no sólo no funciona, sino que lo hace rematadamente mal. Es lo que sucede con el Fondo de Competitividad. Si se pagara tal como establece claramente la ley, Catalunya obtendría unos ingresos de 1.500 millones de euros correspondientes a los años 2014 y 2015. Por este motivo, y ante el incumplimiento del gobierno del PP en este tema, el Grupo Parlamentario Catalán exige al ejecutivo de Mariano Rajoy que cumpla lo que dicta la ley.
No es una petición infundada. El nuevo modelo de financiación autonómica, pactado el año 2009 y actualmente vigente, establece el Fondo de Competitividad para garantizar la suficiencia financiera de las competencias autonómicas. A este fondo tienen derecho las comunidades autónomas con un índice de financiación inferior a su capacidad fiscal y Catalunya cumple sobradamente este requisito. Conviene recordar también que el ministerio de Hacienda cumplió con su obligación los años 2009 y 2010, lo que no ha sucedido en los dos últimos ejercicios. Se trata, además, de unos ingresos que son absolutamente necesarios para poder cumplir los objetivos de déficit marcados por el Gobierno.
Es, en definitiva una situación claramente discriminatoria para los catalanes. No es coherente que la administración central exija cumplir los objetivos de déficit cuando retrasa dos años el pago de recursos que por ley corresponden a la Generalitat, lo que se traduce en menos recursos para la administración catalana para ejercer sus competencias respecto al resto de comunidades Autónomas que no son beneficiarias de este Fondo de Competitividad. Es un claro ejemplo de discriminación territorial que acaban sufriendo todos los catalanes y todas las catalanas que ven como se dificulta la aplicación de las políticas de educación y de sanidad y asistencia social, que corresponden a competencias exclusivas de la Generalitat.
En definitiva, estamos ante una nueva muestra del maltrato que el gobierno español da a Catalunya y por ende a todos y cada uno de los catalanes y de las catalanas.
Benet Maimí, secretario de Organización de Unió Democràtica de Catalunya.