Embajadas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncia que está estudiando la presentación de un recurso contra la apertura de nuevas “embajadas” de Cataluña en Roma y Viena. ¿Embajadas? Se trata –Estatuto en mano- de las “oficinas en el exterior para la promoción de los intereses de Cataluña” que –sigo con el Estatuto- han de proceder “respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores”. Actualmente, existen en el mundo setenta oficinas y cinco delegaciones catalanas para estrechar vínculos con diversos países e impulsar el turismo, la cooperación, el desarrollo y la cultura. El problema: estas “embajadas” invaden las competencias del Estado en materia de inmigración, emigración, extranjería y selección laboral en el país de origen. Más: las “embajadas” catalanas –que también difunden el proyecto soberanista- están pensadas como la representación exterior de un Estado catalán inexistente. De ahí –de todo eso-, el recurso. Por lo demás, la Generalitat, siguiendo la lógica de jugar a ser Estado, no ha solicitado el preceptivo informe de apertura al Gobierno central. Ni tampoco ha informado –como corresponde- al Ministerio de Hacienda. Cierto, todas las Comunidades Autónomas tienen “embajadas” en la Unión Europea y en algún que otro país. Pero, las otras Autonomías –exentas de la obsesión independentista- utilizan la infraestructura material y humana del Estado para mejor defender sus intereses respetando las competencias del Estado.

Y en eso que el presidente de la Generalitat denuncia que el recurso contra las nuevas “embajadas” muestra una “mentalidad antigua, pequeña y estrecha” que “no se corresponde con los tiempos actuales ni con las necesidades de las sociedades actuales”. ¿Por qué el nacionalismo catalán no acepta que la política exterior es, en todo lugar, materia exclusiva del Estado? La obcecación independentista –arcaica, chata, integrista- que no cesa. A los catalanes, la cosa nos cuesta anualmente 17 millones de euros.