tribuna abierta
Ayuntamientos y separatismo
Creemos que el constitucionalismo cívico catalán debe presentar candidaturas unitarias en los ayuntamientos
En unos unos meses, los españoles tendremos una nueva oportunidad para ejercer nuestro derecho soberano a decidir quiénes serán nuestros representantes en el ejercicio del poder más cercano y más conocido como son las elecciones municipales.
La ciudadanía inducida por las políticas partidistas, tendemos a valorar poco la incidencia que tiene en nuestra vida y economía cotidiana el modo y quienes detentan y ejercen el poder municipal; tendemos a ser poco conscientes cuando hablamos de impuestos pagados o de malos servicios recibidos, que la administración responsable de ello es en primera y casi última instancia la que dirige y controla nuestro correspondiente alcalde.
Desde la sociedad civil y los movimientos ciudadanos, debemos alertar que para las clases y barrios más desfavorecidos de Barcelona, para el cosmopolitismo liberal y para el constitucionalismo cívico de la ciudad, las políticas más perjudiciales y cercanas provienen de un ayuntamiento presidido por un alcalde ultra nacionalista, soportado por CiU desde la derecha separatista más extrema y la izquierda igualmente separatista y acomplejada en su carencia de valores y principios morales.
El pasado jueves una ciudadana denunciaba en estas páginas la carencia de libros en español en las bibliotecas municipales de Barcelona y el portavoz del PP Alberto Fernández denunciaba el despilfarro del alcalde Xavier Trias en obras de exaltación nacionalista, poco útiles y sin rentabilidad, con sobrecostes sospechosos y/o condonaciones de deudas a la Generalitat y empeorando las condiciones de vida y bienestar de determinados barrios, como en el caso denunciado, el distrito de San Martín de Provenzal, que sigue pagando religiosamente los mismos impuestos que otros ciudadanos pero con peores servicios. Supongo que no debe tener nada que ver con los resultados electorales que el señor alcalde obtiene en esos distritos.
No es casualidad que la base económica y política del proceso separatista este situada en una asociación de municipios que cobra cuotas ilegales de algunos ayuntamientos y que constituyen el plan B del separatismo para una posible declaración unilateral de independencia, al estilo del empleado en la proclamación de la II república en 1931.
Desde este análisis, creemos que el constitucionalismo cívico catalán debe presentar candidaturas unitarias en los ayuntamientos, tal y como propuso el PP el pasado mes de septiembre, o que si ello no es posible por desacuerdos partidistas, los ciudadanos optemos por dar nuestro apoyo mayoritario al partido que respalda al gobierno de España en la defensa de la ley, la unidad y soberanía nacional y los principios constitucionales.
Ángel Hernández Guardia preside el movimiento cívico 12-O.