Blindaje nacionalista

Que el excelente libro de Pablo Planas y José Alejandro Vara «La familia Pujol Corporation» ya esté agotado en algunas tiendas no me parece que sea noticia, pues atrapa al lector desde la primera página. Pero que sea una librería de la calle General Mitre de Barcelona la que haya acabado sus existencias me parece colosal. Porque el establecimiento está situado muy cerca del domicilio particular del mismísimo Jordi Pujol. O una de dos: o no sé lee otra cosa en el barrio o la familia Pujol-Ferrusola ha decidido comprar todos los ejemplares disponibles para evitar que circulen. Descartemos lo segundo. Muerto el perro no se acaba la rabia. La hay entre la ciudadanía catalana, harta del relativismo judicial que practican algunos popes del soberanismo, consistente en relativizar la corrupción catalana y magnificar la del resto de España. Una forma como otra cualquier de politizar la vida judicial, ellos que tanto han criticado la instrumentalización del Tribunal Constitucional.

Larga, fea y casi impronunciable, esa palabra. «Instrumentalización». La acabamos de leer en la carta de la ya exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mercè Pigem, pillada por la Guardia Civil cuando sacaba de Andorra 20.000 euros para sus compras de Navidad. Calderilla. Pigem, elegida a propuesta de CiU, atribuye al proceso secesionista catalán que el caso haya salido a la luz. Precisamente ella, que se suma al trabalenguas y habla de «instrumentalización». Sus palabras no dejan de ser un tributo al inventor del blindaje nacionalista y su lema «si me atacan a mí, atacan a Cataluña». Me refiero al propio Pujol, que también tuvo cuenta en Andorra, y el caso Banca Catalana.

La coartada patriótica cuela cada vez menos, aunque en el ámbito político las mayorías parlamentarias tiendan a recurrir a ella en forma de pactos de silencio en comisiones de investigación. Antes asistiremos a la reprobación de la delegada del Gobierno en Cataluña por hacer cumplir la ley, que a la de ilustres diputados implicados en casos de corrupción. Es lógico que algunos partidos echen de menos la asepsia del predecesor de Llanos de Luna, el socialista Joan Rangel. Por eso, resultan injustas esas voces que sostienen que el Estado ha desaparecido en Cataluña. De Luna ha sido declarada persona «non grata» por ejercer su cargo y ha recibido algún que otro plante por parte del Gobierno catalán, al que le sobra las estructuras del Estado español. El último tuvo lugar la semana pasada, con ocasión de la entrega de premios a instituciones dedicadas a proteger a la mujer. El Gobierno premió a los Mossos d’Esquadra por su labor en la lucha contra la violencia doméstica. Los agentes que recogieron el galardón acudieron al acto a pelo, pues ningún alto cargo de la Consejería de Interior de la Generalitat les acompañó. Y eso que las relaciones entre el titular de este departamento, Ramon Espadaler, y De Luna son buenas.