Cádiz CF

Una junta de accionistas cada vez más encorsetada

La mayoría controlada por Manuel Vizcaino restringe aún más la voz de los accionistas minoritarios

Andrés Campuzano, abogado de Pina, levantó la voz contra la gestión en sus cinco minutos de intervención

La junta se celebró en el antepalco de Carranza CCF

Alfonso Carbonell

Pasadas las fechas cumbres de la Navidad, va siendo hora de analizar, hasta donde lo permite el bloqueo mediático impuesto por la directiva del Cádiz CF , lo que fue la pasada junta de accionistas de un club en manos de Manuel Vizcaíno. Como es sabido, su máximo oponente en el accionariado, Quique Pina, esta vez ni se acercó a Cádiz para asistir a una junta que cada año queda más encorsetada por las condiciones que aprueba la mayoría, en manos de Manuel Vizcaíno como no puede ser de otra manera.

Pero a la cita en Carranza sí que asistieron dos de sus representantes. O al menos, los abogados de dos sociedades integradas en la familia Pina como son Calambur Intermediaciones y Leader Sport, una sociedad con algo más de 15000 acciones y que tiene como administrador único a Enrique Labrador, otrora jefe de los servicios jurídicos del Cádiz CF.

A Calambur lo representó Alfonso Madrid, letrado de Pina, mientras que por Leader vino Andrés Campuzano, recientemente incorporado al equipo jurídico del que fuera consejero delegado del Cádiz CF antes de su ruptura con Vizcaíno debido a la Operación Líbero.

Antes de comenzar se aprobó la ya consabida modificación en los estatutos por la que los accionistas presentes sólo tendrán un turno de cinco minutos para exponer sus argumentos y preguntar a la mesa presidencial por diferentes versiones. Cinco minutos tan solo, y por supuesto ni con réplica ni dúplica. Por tanto, los accionistas se han de conformar con la memoria que entregan a todos antes de la junta, que se remite al informe económico anual. Esas son las condiciones y se toman o se dejan. Mano de hierro.

A modo de detalle, decir que a los accionistas o representantes de accionistas más incómodos para el consejo de administración se los envió al fondo de la sala del antepalco, donde el ruido es mayor y su atención menor. Allí colocaron a Campuzano, Madrid y Enrique Moreno, accionista conocido por tantos años en los que ha ido informado detalladamente de todo lo ocurrido en el club y que no pocas veces le ha sacado los colores al presidente de turno dada su minucioso trabajo de investigación.

El rodillo de Vizcaíno , que tal como fue coronado presidente impidió la entrada de la prensa, va a ir a más después de la aprobación este año de una modificación de los estatutos por la que a partir de 2023 sólo podrá asistir a la junta aquellos accionistas que acumulen más de mil acciones. Un nuevo paso hacia el oscurantismo en una sociedad anónima que cada vez se va alejando más de la claridad. Y en su derecho están. Nadie lo duda, pero... Además, y como viene siendo habitual, a los accionistas se les obliga a firmar un contrato de confidencialidad por el cual no podrán tomar imágenes ni grabar audios ni pasar al exterior información de cuanto haya ocurrido durante la junta de accionistas.

Muy comentado fue ese cambio del controvertido artículo 16 de los estatutos sociales por los que se da un nueco cerrojazo a esos accionistas minoritarios que en algún tiempo se creyeron ser importantes dentro del club de sus amores.

También se aprobaron la retribución anual del consejo de administración por lo que quedará establecido que cobrará 2 millones de euros en Primera, uno en Segunda, 600000 en la extinta Segunda B y nada en caso de caer en el abismo de la regional.

A los accionistas se les entregó la memoria, el orden del día y el informe del auditor formulado por el consejo de administración. Dentro del orden del día, Manuel Vizcaíno abrió la sesión recitando su informe anual y dio paso a los siguientes puntos: aprobación de las cuentas, examen y aprobación de la gestión, resultados, fijación de la cuantía máxima de retribución del consejo, modificación del art. 16 de los estatutos, exposición del presupusto para la temporada nueva…

Muy debatido fue de nuevo el asunto de los sueldos de los consejeros. Y eso, al margen de la sentencia dictada por un juez por la que obligaba a rebajarlos al considerarlos nulos. Ante esto, la actual directiva expuso que ha habido un aumento del presupuesto que ha pasado de 50 millones a 60. Algo que según sus críticos se debe en su mayoría al fondo CVC, a pesar de que se admite que se ha ingresado cerca de cinco millones más en publicidad.

Fueron los cinco minutos del abogado de Leader, Andrés Campuzano , donde más se pudo comprobar la guerra interna que sigue habiendo dentro del accionariado. De entrada, Campuzano exigió pedir al notario el acta oficial de la junta para posibles impugnaciones.

A renglón seguido, Campuzano denunció que «la burla» que consiste en la aprobación de los salarios a costa de los intereses generales de la sociedad y en contra de una sentencia que las declaró nulas. En este sentido, Leader Sport recordó que no lo permitirán y que lo volverán a denunciar. Asimismo, es cierto que en el balance del último presupuesto tanto Vizcaíno (600000 euros) como su vicepresidente Rafael Contreras (400000) se rebajan el sueldo unos 200000 euros con la presumible intención de compensar el equilibrio ordenado por el juez.

A lo largo de su breve intervención, Campuzano interpeló a Vizcaíno por las operaciones inmobiliarias así como con los terrenos de de Delphi, además de por la desastrosa gestión deportiva , donde se le achaca, entre otras muchas cuestiones, que no haya sido capaz de traspasar a ningún jugador en tres años y en cambio se haya gastado cerca de 20 millones de euros en jugadores que han pasado sin pena ni gloria por el club. En todos los casos, el presidente omitió su respuesta y tan sólo se remitió al informe presentado en su intervención y a la memoria entregada.

Más duro fue en el quinto y último minuto de intervención el abogado de Leader, que le preguntó directamente a Vizcaíno qué labor ha realizado a lo largo de la gestión para ganar en el último año 600000 euros y en el caso de obtener respuesta por qué no consta ese ejercicio en el informe de operaciones vinculadas. Remató su intervención recordando a los presentes que harán lo imposible por exigir todo tipo de explicaciones y en el caso de encontrar algún tipo de ilegalidad, impugnar cuantas decisiones sean necesarias.

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