La Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (FEGADI COCEMFE) ha comenzado una campaña de visibilización y difusión para conseguir una solución satisfactoria para el movimiento asociativo tras los recortes continuados que están sufriendo. Desde las organizaciones del sector reclaman apoyo de las administraciones públicas para prestar servicios de calidad a las personas con discapacidad que atienden y como colaboradores con la propia Administración en la transmisión de derechos y necesidades.

Las personas con discapacidad física y orgánica, más de 6.000 en la provincia de Cádiz, que están representadas y 'atendidas' por FEGADI COCEMFE y sus 36 entidades miembros en el territorio gaditano quieren exponer la grave situación institucional que se vive tras años de recortes e inestabilidad en la convocatoria de subvenciones Institucionales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Desde FEGADI COCEMFE explican que «sin estructuras asociativas no se pueden desarrollar programas de atención al colectivo, pero indudablemente sin esos programas las entidades pierden la razón de ser aun disponiendo de
locales, equipamiento, etc».

FEGADI COCEMFE y su movimiento asociativo señala que ha demostrado sobradamente solvencia técnica y capacidad de gestión en estas casi 4 décadas de vida para atender las necesidades de su colectivo con criterios de calidad y servicios ajustados a las realidades que confluyen en cada persona.

Por ello, desde la entidad quieren poner en valor la existencia del movimiento asociativo y su importancia en la consecución de los derechos del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia que representa a más del 60% del total de las personas con discapacidad, y que se configura, por su número a nivel autonómico, como el mayor de todo el Estado.

En este sentido, consideran que «no es concebible la pérdida constante de cuantía en la asignación presupuestaria de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales que pasó de los 7.114.965,93 euros en 2012 a los 5.831.160,75 euros en 2019 teniendo presente el bienio 2015-16 en la que la Administración andaluza sacó una convocatoria aunando ambas anualidades con un descenso difuminado por esta circunstancia. Esta situación ha provocado la pérdida de 1.283.805,18 euros en el presupuesto destinado a lo social».

Especialmente esta convocatoria sobre la que se fundamenta el «mantenimento de nuestras entidades» y el desarrollo de «programas» ha sufrido una bajada fortísima en la cuantía concedida en estos últimos años pasando de recibir en su conjunto 115.805,39 euros en 2012 a los 58.225,65 euros de la última convocatoria, teniendo presente que en la línea de programas FEGADI COCEMFE no ha recibido subvención alguna desde 2017.

Ello supone que el colectivo ha tenido una pérdida efectiva de más de 57.000,00 euros, casi el 50% de lo que se recibía en 2012. Esta pérdida de capacidad operativa se ha visto agravada notablemente por la desafortunada situación que se viene produciendo desde 2018 al existir diferencias en los listados de entidades a las que se les conceden subvención en la publicación provisional y con posterioridad no aparecer en la definitiva por la falta de la aplicación de un criterio uniforme y claro entre la Delegación y la Intervención. En algunos casos esta situación ha provocado un perjuicio económico a la entidad al haber realizado parte del gasto de la cuantía teóricamente asignada.

Por otro lado, desde FEGADI COCEMFE denuncian que «en estos momentos no se puede hacer un seguimiento efectivo de los compromisos políticos que se alcanzan y los escasos presupuestos destinados a darles sentido a esta convocatoria y por transparencia, exigimos disponer de cuantías suficientes fácilmente identificadas con la anterioridad necesaria para proyectar nuestras actuaciones en materia de discapacidad (al igual que en materia de género o materia medioambiental), donde sea fácil y comprensible identificar todas las partidas incluidas».

Desde la entidad consideran evidente que la Administración Autonómica ha descuidado en los últimos años al tercer sector, con el riesgo que esto último supone para las necesidades directas de las personas con discapacidad que atiende y representa.