Rosell deja caer a su vicepresidente y el PP llamará a Rato para que se explique

La reacción del Partido Popular al escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid-Bankia está siendo más lenta y menos contundente que la de otras organizaciones políticas o sindicales. Tal vez porque en su seno se encuentra Rodrigo Rato, imputado por el juez ya que, siendo presidente de Bankia, mantuvo el sistema de tarjetas 'black' para determinados directivos con un claro enfoque para gastos personales. El Comité de Derechos y Garantías ratificó en la tarde de ayer la apertura de expediente informativo, pero no ha adoptado ninguna medida cautelar contra los afectados, como podría ser la suspensión temporal de militancia. Fuentes del PP señalaron que, antes de adoptar alguna medida, se tiene que escuchar a los implicados.

Y eso es lo que ahora tendrá que hacer el instructor designado, el diputado por Albacete Francisco Molinero. Llamará a los 13 afiliados -eran 16 los que usaron las tarjetas, pero tres han pedido la baja voluntaria- y escuchar sus alegaciones. El expediente podría acabar con una suspensión temporal hasta que se conozca la decisión judicial o con la expulsión. También podría adoptarse en próximas semanas una suspensión cautelar de militancia mientras se tramita el expediente. Los barones del PP temen el daño que este caso les cause ante la opinión pública, pero pocos se atreven a pedir públicamente la expulsión de Rodrigo Rato del partido.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, aseguró que el partido será «implacable» y que «quien la ha hecho, la paga». A su juicio, «hay determinadas actuaciones y conductas en las que procede al menos hacer un paréntesis en la militancia». Sin embargo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, introdujo mucha más calma al enfatizar que se trata de un proceso «largo», aunque insistió en que tendrá «un final». El plazo máximo de instrucción de un expediente informativo es de dos meses, prorrogable un mes más en determinadas circunstancias.

Mientras en el PSOE han expulsado provisionalmente a sus afiliados que utilizaron las tarjetas opacas, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, defendió que «hay que cumplir los estatutos. Otros partidos les echan por fax. También el portavoz de Economía en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, se mostró en contra de los «juicios sumarísimos» y de emitir sentencias «sin oir al reo».

Más rápida ha sido la reacción en la patronal. Al vicepresidente de CEOE y todavía presidente de CEIM (Confederación Empresarial de Madrid) no le ha quedado más remedio que dejar la vicepresidencia de la patronal. En la Junta directiva de CEOE celebrada ayer, Arturo Fernández puso su cargo a disposición de la patronal. CEIM propondrá al presidente de CEOE, que es quien designa a los vicepresidentes, un candidato para sustituirle.

La renuncia de Arturo Fernández fue planteada de tal manera que hubo confusión entre los asistentes a la junta sobre lo que había sucedido, mientras unos entendían que había dimitido, otros creían que no. Y es que, según Fernández, nadie va a tener que sustituirle porque sólo queda una junta de CEOE antes de las elecciones a la presidencia de la patronal, que se celebrarán el 17 de diciembre. Eso sí, el líder de los empresarios madrileños no acudirá a la última junta, al menos no podrá ir como vicepresidente aunque podría presentarse como vocal, ya que aún no se ha ido de CEIM. El martes, Fernández consiguió un amplio apoyo de los empresarios madrileños para seguir como presidente con la promesa de una dimisión futura, para la que no ha puesto fecha.

Sin embargo, esta dimisión en diferido no podía utilizarla en CEOE, donde se han levantado muchas voces contra su actuación en el caso de las tarjetas opacas. Fernández contaba con seguir como vicepresidente hasta las elecciones haciendo valer su apoyo a Rosell, pero como reconocen fuentes empresariales, el presidente de CEOE se ha dado cuenta de que tenerle le resta más votos de los que le da. «Indigno», «vergonzoso» y poco ético han sido algunos de los calificativos que han dirigido los representantes empresariales contra Arturo Fernández.