El Banco de España apoya que el Estado reclame el dinero de las tarjetas B

El Banco de España quiere que todo el dinero gastado de forma indebida con las tarjetas B ('Black') de Caja Madrid sea retornado a las arcas públicas porque su sucesora, Bankia, tuvo que ser rescatada en la primavera de 2012 con 22.400 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Y entiende que el competente para formular formalmente esa reclamación es el propio Estado.

En principio, la vía más directa para ello serían los tribunales, en la medida que ya hay un procedimiento abierto tanto sobre el uso de las tarjetas como, en general, sobre las irregularidades que rodearon la transformación de la caja de ahorros en un banco -junto a otra media docena de entidades regionales- y su salida posterior a Bolsa en 2011. Y hasta que la justicia no depure esas responsabilidades, el Banco de España no podrá actuar, precisó ayer el subgobernador Fernando Restoy.

El 'número dos' del supervisor financiero intentó, no obstante, eludir cualquier responsabilidad del Banco respecto a este escándalo aunque, en apariencia, hubieran fallado sus controles internos en Caja Madrid. Fuentes de la investigación apuntaron a este respecto que los propios responsables de la entidad pudieron dificultar su labor ofreciendo información incompleta o incluso, en algunos casos, errónea.

Tampoco en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) saltaron las alarmas. Y ello pese a que en 2009, ante la gravedad de la crisis financiera, el Ejecutivo amplió a las cajas la obligación de informar sobre las retribuciones de sus altos cargos y los miembros de sus consejos de administración. Esos datos le llegaban a ella y al propio Banco de España pero, en apariencia, no se profundizó a ese respecto.

De hecho, la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, insistió también ayer en desmarcarse de un asunto que, a su juicio, no pasaría de ser «un problema fiscal» que debe competer a «quien fiscalizaba la caja (los auditores y Hacienda) o al supervisor» (el Banco de España), pero no a ellos porque Caja Madrid no era una entidad cotizada. Obvia, sin embargo, tanto la citada reforma sobre los sueldos como el hecho de que Bankia mantuvo más de medio año esas prácticas anómalas tras su estreno bursátil, y que su folleto fue autorizado sin reparos al respecto.

El problema, resaltaron las fuentes citadas, es que «todos los que debían revisar las cuentas de la caja dieron su visto bueno a los datos que les enseñaban, sin ir un paso más allá». «Daban por hecho que todo era correcto -lamentan los investigadores del caso- sin entrar en muchas más valoraciones y, como mucho, advertían en la letra pequeña de que los datos suministrados podían ser inexactos, estar desfasados o simplemente no ser veraces».

Hacienda pide no prejuzgar

La Agencia Tributaria fue una de las que no profundizó entonces, aunque ha intentado subsanar su 'error' por una doble vía: abriendo sendos expedientes a los 83 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia beneficiados con las tarjetas B entre 2003 y 2012 para determinar si regularizaron esas aparentes retribuciones en especie con el fisco y, de otro, investigando si en otras grandes empresas -sobre todo, las del Ibex- existían prácticas similares en forma de retribuciones más o menos opacas.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, pidió al respecto distinguir entre unas situaciones y otras porque «son muy distintas». «En este momento no hay que prejuzgar» -pidió- y sí «dejar trabajar a los funcionarios dado que son asuntos de gran complejidad técnica».

Quienes sí están tomando decisiones ya son las organizaciones a las que ha salpicado el escándalo porque entre sus miembros había un número apreciable de usuarios de las polémicas tarjetas B. Así, el PSOE resolvió ayer expulsar de forma provisional -los afectados pueden recurrir ahora esta medida- a los 10 afiliados que formaban parte del consejo de Caja Madrid, que se unen así a los otros seis miembros que ya habían presentado su baja voluntaria.

El más destacado entre los expulsados es Virgilio Zapatero, histórico militante (desde 1972) y ministro siete años en la etapa de gobierno de Felipe González. Se le acusa de gastar 36.000 euros con su tarjeta B, cifra que él rebaja a casi 28.000 y ya ha devuelto. Tacha su salida forzosa de «injusta, precipitada e ilegal» y acudirá a los tribunales en pos de su «honor».

CC OO Madrid también va a expulsar a sus dos afiliados afectados -Antonio Rey (191.500 euros gastado) y Juan Azcona (99.300 euros)-, aunque en el caso del ex secretario de Estudios, Rodolfo Benito (140.600 euros), dejaron esa decisión en manos de la Ejecutiva confederal de la que era miembro.

De otro lado, ayer dimitió como consejera de Jazztel otra implicada en el caso, Elena Gil (72.500 euros).