La Junta indaga y comprueba que las cajas andaluzas no tuvieron tarjetas opacas

El escándalo de las tarjetas opacas de Bankia-Caja Madrid ha puesto sobreaviso al Gobierno andaluz. Hasta la absorción por bancos y el cambio de la ley estatal hace un año, la Junta de Andalucía ha sido supervisora de las cajas de ahorro andaluzas. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, salió ayer al paso para cortar de raíz cualquier especulación: «Nunca han existido tarjetas opacas en las cajas andaluzas», respondió a preguntas de los periodistas tras la sesión del Consejo de Gobierno.

Vázquez pudo dar esta respuesta tan taxativa porque la Consejería de Hacienda y Administración Pública ha hecho consultas entre las cajas sobre este asunto y la conclusión a la que se ha llegado es que los miembros de los consejos de administración no dispusieron de tarjetas de dinero negro, sin declarar al fisco, como ha ocurrido en Caja Madrid.

El portavoz habló de que las pesquisas partieron de la consejería competente, que es Hacienda. Sin embargo ni el portavoz ni Hacienda han querido confirmar si la orden partió de la consejera, María Jesús Montero, o de la presidenta, Susana Díaz.

La preocupación en el seno del Gobierno andaluz es comprensible. Tras los escándalos de los ERE, de las facturas falsas de UGT y de los cursos de formación había temor a un nuevo boquete de corrupción.

En 2010 había en Andalucía cinco cajas de ahorros después de diversos procesos de fusión desde los años noventa del pasado siglo. Estas eran: Unicaja, Cajasol (El Monte y San Fernando), CajaSur, Caja de Jaén y Caja de Granada. Ese año Cajasol adquiere Caja Guadalajara y CajaSur que está en quiebra e intervenida por el Banco de España es adquirida por la vasca BBK. A partir de entonces se inicia el proceso de transformación y absorción de las cajas en bancos, que culmina el pasado año con Unicaja, la única de las cinco que conserva su nombre y sede en Andalucía.

La crisis financiera, la intervención de la banca española por Bruselas y dos reformas legislativas, una con José Luis Rodríguez Zapatero y otra con Mariano Rajoy en 2013, han convulsionado de tal forma el panorama que hoy la Junta no tiene ninguna potestad sobre aquellas entidades, salvo un protectorado sobre la obra social de Cajasol.

Pero hasta hace pocos años sí. La polémica ley autonómica de Cajas de 1999 otorgó gran poder de control a la administración autonómica, que sumaba representantes políticos del Parlamento a los que ya había en las entidades de los ayuntamientos y diputaciones.

Los consejos de administración de las cajas han estado presididos por políticos, en su mayoría del PSOE, salvo CajaSur, en manos del Obispado de Córdoba hasta su quiebra. En los consejos de administración y asambleas de las entidades han predominado representantes de todos los partidos y sindicatos, pero ha sido el PSOE quien más poder ha tenido en ellas. Por eso al estallar el caso de Caja Madrid, surgió la inquietud en el Gobierno de Susana Díaz por conocer si pudo haber ocurrido algo similar en las entidades andaluzas.

El PP insiste

El portavoz de la Junta también reiteró que ningún cargo de la administración autonómica tiene en la actualidad tarjetas de crédito para gastos, «ni opacas ni transparentes». El PP, a través de su secretaria general, Loles López Gabarro, volvió a sembrar dudas sobre ello y dijo tener información que podría comprometer al Gobierno, aunque no la facilitó ni dijo de qué era.

López insiste en pedir explicaciones al Gobierno andaluz, pero no solo sobre la actualidad, sino del pasado, sobre si los directivos de las empresas públicas han tenido tarjetas de crédito para gastos de representación. El Gobierno andaluz no niega que haya sido posible una práctica del pasado, pero insisten en que ningún cargo de la Junta maneja tarjetas hoy para gastos de representación o de libre disposición.