El Gobierno insta a Mas a desistir porque no va a haber cambios de postura

El Gobierno ya solo aguarda a que Artur Mas diga que la consulta no se va a celebrar. Cree que no hay ninguna duda de que su estrategia de «firmeza serena» en lo jurídico y en lo político ha surtido efecto y ahora es cuestión de días que el presidente catalán haga pública su renuncia a la votación. Soraya Sáenz de Santamaría animó ayer a Artur Mas a que dé ese paso porque la negativa de Mariano Rajoy ante un referéndum soberanista siempre «será la misma».

En la Moncloa no quieren tirar las campanas al vuelo porque ven casi imposible que Mas vaya a mantener la consulta del 9 de noviembre en los términos que la tenía prevista. Una claudicación, aunque en el Gobierno huyen de esa terminología, que supone un éxito para su política de no moverse ni un milímetro.

Pero también son conscientes de que en Cataluña hay un conflicto latente que no se ha solventado. Es indudable, admiten en los círculos gubernamentales, que un amplio sector de la población catalana, la mayoría según todas las encuestas y según la correlación de fuerzas en el Parlamento autonómico, respalda el derecho a decidir o derecho de autodeterminación, y que dentro de ese sector de la ciudadanía los independentistas son mayoritarios.

Pero la primera batalla, la del 9 de noviembre, parece haberse decantado del lado del Gobierno central. La vicepresidenta envió tras la reunión del Consejo de Ministos un mensaje inequívoco a Mas para que no aliente falsas esperanzas: «Nuestra posición no va a cambiar». El presidente catalán ha mantenido en las últimas horas la idea de que todavía era posible el acuerdo y que Rajoy podía dar marcha atrás, pero Sáenz de Santamaría repitió el mensaje de la semana pasada y la anterior, ley y diálogo.

La número dos del Gobierno, además, advirtió al presidente catalán de que la Moncloa no va a levantar el pie en la batalla entablada en el Constitucional. Mas, subrayó, tiene que ser «muy consciente» de que su estrategia política en todo el proceso soberanista «es contraria a la Constitución, las leyes y las resoluciones de los tribunales». El Gobierno, ante esa actuación, no puede permanecer impasible.

La vicepresidenta también avisó de que la aplicación del artículo 43 de la ley de consultas, que faculta para organizar votaciones sobre «otros fines» y cuya invocación ha sido manejada por los soberanistas, es inviable para celebrar un referéndum aunque no pregunte de forma expresa sobre la independencia. El Consejo de Estado, explicó, dejó claro que «si se utilizaba (esa disposición) para otros fines que no eran los previstos en esa ley y para asuntos que no eran de su competencia, se abriría también la vía de su impugnación». No hay, en resumen, espacio para los atajos ni argucias jurídicas factibles.

Dimisión

Si Sáenz de Santamaría empleó el pincel para perfilar la respuesta del Gobierno a los últimos movimientos del presidente de la Generalitat, la líder del PP catalán utilizó la brocha gorda. Mas, según Alicia Sánchez-Camacho, tiene que reconocer «su fracaso y dimitir». Como sabe en qué situación se encuentra, añadió, está «desesperado» porque no puede convocar la consulta, pero es incapaz de poner en marcha un plan alternativo porque sus socios no le dejan, como tampoco permiten que convoque elecciones anticipadas.

También fue claro el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, quien emplazó al presidente catalán y a las cuatro fuerzas del frente soberanista a que de una vez digan «en voz alta» que el 9-N no se podrá votar nada. La única fórmula viable, a su juicio, es celebrar una consulta pactada con el Gobierno de Rajoy, y si no se hace así se coloca a las instituciones de Cataluña «fuera del Estado de Derecho».