La situación urbanística ilegal llega al Parlamento Andaluz

El Boletín Oficial del Parlamento Andaluz, (BOPA) publicó la Proposición No de Ley que presentó el Ayuntamiento a las parlamentarias populares Alicia Martínez y Mamen Pedemonte para exigir al Gobierno andaluz una solución a la regulación de las viviendas ilegales, una solicitud realizada por los representantes de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos (COAVE) en uno de los encuentros con el Consistorio.

Desde el Área de Urbanismo se explica que se envió dicha petición para mostrar el malestar de los vecinos de la ciudad, unos 4.500 ciudadanos afectados, contempladas en la ordenanza de regulación en la que trabaja el equipo de Gobierno. Dicho documento se encuentra actualmente en el periodo de respuesta a las alegaciones presentadas tanto por los partidos políticos como por los colectivos vecinales, proceso que tendrá que continuar con la elevación de las mismas al Pleno municipal para su aprobación definitiva. La teniente de alcalde de Urbanismo, Leocadia Benavente, se mostró satisfecha por este hecho y manifestó que dicha Proposición No de Ley simboliza el fracaso del Gobierno andaluz en materia de proyección de la legalidad urbanística desde que tiene las competencias transferidas y, en concreto, del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma. Por ese motivo, destacó Benavente, «el Partido Popular propone al Parlamento de Andalucía a instar al Consejo de Gobierno a remitir, en el plazo de dos meses, un proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que contemple una respuesta para las 250.000 viviendas ilegales o alegales a las que el Gobierno andaluz se refirió en el 2012 con la aprobación del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y a generar con ello la necesaria seguridad jurídica en sus propietarios con respecto al futuro de sus viviendas, con el objeto de dar una solución definitiva a la problemática de las viviendas ilegales o alegales en Andalucía y poner fin a un problema generado en gran parte por la inacción y dejación de responsabilidades del Ejecutivo andaluz». La responsable del Área de Urbanismo expresó su confianza en haber dado los pasos correctos ya que considera que la actual LOUA « interfiere en los planteamientos que estamos poniendo en marcha y en las expectativas que tienen los vecinos al respecto», afirmó Benavente.

La edil popular analizó el desarrollo urbanístico que se ha llevado a cabo durante las últimas décadas, y en donde afirmó que en Andalucía se ha generado un grave problema derivado de la construcción al margen de la normativa vigente, de la falta de control sobre la ejecución del planeamiento y de la inacción y dejación de responsabilidades por parte de la Junta de Andalucía en materia de protección de la legalidad urbanística que «en ciudades como El Puerto intentamos solucionar de la mano del PGOU y la ordenanza citada».

Por último, concluyó exigiendo a los representantes en el Parlamento Andaluz que aporten «una rápida solución a este asunto, porque entendemos que los vecinos merecen una respuesta a sus problemas relacionados con la urbanización y la vivienda».