El Ejército y la Policía Federal toman el mando

Ha tenido que ocurrir una tragedia -la muerte de 6 personas, 17 heridos y 43 desaparecidos de los que, supuestamente, 28 han sido hallados calcinados- para que el Gobierno nacional pusiera orden en Iguala, Estado de Guerrero. Más de 400 miembros de la Fuerza Federal y de la Gendarmería llegaron a instalaciones militares de Iguala después de que la Policía municipal haya sido desarmada y agentes en activo estén siendo evaluados en Tlaxcala.

Armados hasta los dientes, plantan cara a los carteles del narcotráfico que luchan por el control del territorio y que, como 'Guerreros Unidos' relacionado directamente con el hecho, amenazaron ayer para que liberen a los 22 policías municipales detenidos, en la nómina del narco según los investigadores. En unas pancartas dijeron que «si no cumplen con su petición, darán a conocer los nombres de los políticos que los apoyan».

Después de que el presidente Enrique Peña Nieto calificara los hechos de «indignantes, dolorosos e inaceptables» y afirmara que no habrá impunidad, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) encabeza las investigaciones en Iguala. Para el fiscal general, Jesús Murillo Karam, «la indignación que tenemos es seria. No nos va a hacer actuar de manera ni violenta ni irresponsable, actuaremos en los términos de la ley».

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo que tras el escándalo entendió por qué el alcalde José Luis Abarca se negaba a implantar el Mando Único Policial. «Si mi renuncia ayuda a resolver el problema, no tengo ningún inconveniente en irme», dijo. Mientras, las familias de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos mantienen la esperanza de que aparezcan vivos. Para eso muestran sus fotos y siguen rezando.