La Generalitat aparca los plazos y ahora asegura que habrá referéndum

El proceso soberanista catalán ha entrado en una especie de ceremonia de la confusión en la que sus principales protagonistas son capaces de decir una cosa y la contraria con solo 24 horas de diferencia. Si el lunes, el consejero de la Presidencia, Francesc Homs, abrió la puerta a que la consulta no pueda celebrarse por cuestiones técnicas y organizativas, el propio Homs se mostró ayer convencido de que el 9-N habrá referéndum y que los catalanes acudirán a votar porque la Generalitat será capaz de sortear todos los obstáculos logísticos que irá encontrando en el camino en el mes que queda por delante. «Más que el propósito, la decisión de este Gobierno es llevar a cabo la consulta», dijo el portavoz de la Generalitat tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán.

Después de desatar las iras del independentismo por fijar el 15 de octubre como la fecha tope para tomar una decisión porque, dijo, si para ese día hay trámites que no se han podido completar la votación no cumpliría todas las garantías democráticas, el consejero catalán evitó ayer hablar de plazos y fechas, y trató de enviar un mensaje de compromiso sin fisuras con el 9-N. El Gobierno de Mas ha decidido mantener a toda costa la unidad soberanista, que se selló el viernes en la cumbre del Palau de la Generalitat y que se tambaleó con las palabras de Homs.

«La consulta del 9-N es viable y se hará, la gente votará. Hay términos que tendrán que reajustarse, pero la consulta se celebrará», afirmó el portavoz con una contundencia poco habitual en los últimos tiempos. Lo que ya no explicó es cómo se ejecutará la votación en caso de que, como se espera, el Constitucional no levante la suspensión de la convocatoria. Solo se limitó a decir que el Gobierno catalán no hará ningún «paripé». Descartó así la opción de que la consulta la organicen los ayuntamientos o la Asamblea Nacional Catalana.

Pero Artur Mas no se mostró tan rotundo. Afirmó durante una conferencia en el Ateneo de Barcelona que el proceso catalán ha entrado en un «terreno desconocido» y por lo tanto «nadie» está en disposición de «asegurar al 100% cómo terminará». «Es imposible explicar honestamente qué pasará», dijo. El jefe del Ejecutivo catalán advirtió también que en los tiempos que corren será necesario «aprender a gobernar la incertidumbre».

Según Mas, a pesar de las dudas y de las dificultades que tiene de poder ofrecer certezas absolutas a la población, si ha elegido la vía que conduce a la independencia es porque no cree que haya otra senda tan buena y que «lleve a un lugar mejor». «Si el camino de ahora no se había cogido es porque era y es el más difícil. Las dificultades se palpan y las sufrimos directamente», admitió. Aun así, consideró que ha llegado el «momento» de que los catalanes ejerzan su «mayoría de edad política». «Y si tienes un padre autoritario e intolerante aún tienes más ganas», apuntó.

El portavoz de la Generalitat y hombre de confianza de Mas, en cambio, se había mostrado confiado unas horas antes en que cumplirán con el itinerario de preparativos previstos. Algunos plazos ya han expirado, como los de los registros de votantes extranjeros, el de catalanes en el exterior y el de otros colectivos, como presos o personas dependientes. Pero Homs señaló que el margen para estos trámites se ha ampliado. No dijo hasta cuándo ni confirmó si se mantiene el 17 de octubre como fecha tope para la publicación del censo de votantes definitivo, uno de los aspectos clave.

El desafío prosigue

Otro de los trámites que estaba fuera de plazo por la suspensión es el nombramiento de los miembros de las juntas electorales territoriales. Sin embargo, Mas firmó el lunes el decreto que recoge la elección de los integrantes de las siete comisiones de seguimiento de la ley de consultas y el Diario de la Generalitat lo publicó ayer. El nombramiento de estos 35 miembros, cinco por zona, que llega cinco días después de que se constituyese la junta electoral central que el Gobierno de Rajoy también impugnó ante el Constitucional, supone un desarrollo más de la ley de consultas que la corte suspendió el 29 de septiembre a instancias del Ejecutivo central.

Unos gestos que se producen apenas un día después de que Homs abriera la enésima crisis en el frente soberanista al poner fechas límite para la votación, algo que Esquerra confesó que le había «descolocado» porque no era lo pactado. El consejero negó ayer con vehemencia que la unidad esté en peligro y afirmó «rotundamente» que se mantendrá. Quizá con la entrada de Esquerra al Gobierno catalán, como pidió la CUP para garantizar la votación del 9-N.