Rajoy reclama al Constitucional que anule la junta electoral del 9-N

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, presentó ayer un recurso en el Tribunal Constitucional contra la decisión de Artur Mas de crear una junta electoral que supervise la celebración del referéndum programado por la Generalitat para el 9 de noviembre. Los servicios jurídicos entienden que el presidente catalán, al firmar el decreto, desarrolló la ley de consultas aprobada por el Parlamento autonómico y la convocatoria de la votación, suspendidas ambas por la corte de garantías.

La batalla legal que mantienen el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat tiene un nuevo frente con la impugnación de la comisión de control de la consulta. El Constitucional deberá resolver si Mas vulneró su orden de suspender el referéndum al rubricar el pasado jueves la creación del organismo, pero no lo va a hacer de inmediato. Primero deberá enviar el escrito al Gobierno y al Parlamento catalanes, las partes personadas en la causa de suspensión de la ley de consultas y en la convocatoria de la votación, para que den su parecer.

Un trámite que impedirá que la corte revise el asunto en el pleno de esta semana. El tribunal debatirá el recurso de la Abogacía del Estado, como pronto, dentro de 15 días, y para entonces es muy probable que el panorama esté más claro y se sepa si Mas sigue adelante con el referéndum o ha reculado y acatado la suspensión. Con el calendario que maneja el Ejecutivo catalán, que se ha puesto el 15 de octubre como fecha límite para tomar una decisión definitiva sobre el 9-N, es posible que para cuando el tribunal resuelva el escenario esté pacificado.

El Gobierno de Rajoy dice que con el recurso se ha limitado a cumplir con «serena firmeza», en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, su obligación de impedir el desarrollo de la ley de consultas de Cataluña. Pero esta nueva impugnación amenaza con crear un atasco considerable en la corte de garantías.

Embotellamiento

El tribunal recibió el recurso del Gobierno contra la ley de consultas y la convocatoria de la votación, y las suspendió de forma cautelar. Decisión que, a su vez, fue respondida por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña con una petición de levantamiento de la suspensión. Solicitud que, pese a las urgencias del Ejecutivo de Artur Mas, todavía no ha sido abordada por el Constitucional. El embotellamiento, además, puede ser aún mayor cuando la Cámara catalana oficialice las recusaciones por parcialidad y anticalanismo del presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro González-Trevijano, nombrado ponente del recurso del Gobierno contra la ley de consultas.

Si la situación en el tribunal que vela por la Carta Magna es compleja, y nada hace presagiar que se resuelva ningún asunto antes del 9 de noviembre, es mucho más tranquila en la Fiscalía. Ninguna institución ha denunciado al Gobierno catalán ante el Ministerio Público y el organismo que preside Eduardo Torres-Dulce se limita por ahora a «estudiar cuidadosamente» los movimientos del jefe del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico.

El fiscal general aseguró ayer que actuará «con rigor» si considera que se vulnera la ley, pero por ahora no ha encontrado indicios de que así sea. Torres-Dulce remachó que intervendrá cuando se consume «un hecho delictivo», pero «ni antes ni después».Trasladó así un mensaje a los que piden una intervención más decidida del Ministerio Público en el proceso catalán.

Algo así solicitó la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, quien sin poner nombres y apellidos ni mencionar a nadie, advirtió ayer que «la pasividad es la mejor forma de empezar a perder contra aquellos que atentan contra la libertad, contra la democracia y contra el derecho». La número dos de los populares presentó al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en un desayuno informativo y le puso como ejemplo del político que «no puede callar ante los ataques a la democracia, a los derechos y las libertades que se están produciendo en Cataluña».

González mismo instó al Gobierno de Rajoy a emplear «todos los recursos» contemplados en la Constitución y las leyes para disuadir a Artur Mas de que debe resignarse a no celebrar el referéndum. El Ejecutivo, sin embargo, sigue fiel a su estrategia de templanza y a responder a los actos de la Generalitat solo cuando considere que la vulneración de la legalidad es palmaria. Los portavoces de la Moncloa insisten en que tensar la cuerda solo alimenta el, a su juicio, victimismo de los independentistas.