La Generalitat pone fecha a la hora de la verdad de la consulta y reabre los recelos de Esquerra

La pregunta que casi todo el mundo se hace en Cataluña sobre el referéndum del 9-N quedará resuelta en una semana. El Gobierno catalán admitió ayer que entre el 13 y el 15 de octubre podría anunciar su renuncia a seguir con el referéndum o podría comunicar todo lo contrario, que mantiene su intención de celebrar la consulta sobre la independencia de Cataluña.

El Ejecutivo autonómico se ha dado una semana de margen para calibrar si con la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional es posible llevar a cabo una votación con todas las garantías democráticas. La intención de Artur Mas, y así se lo trasladó a los partidos proconsulta en la cumbre celebrada el viernes en el Palau de la Generalitat, es llegar hasta el 9-N buscando todos los recovecos legales para esquivar el veto de la corte. Pero si en siete o nueve días ve que no es posible avanzar lo suficiente, deberá tomar la decisión de paralizar el proceso. De hecho, hay trámites que están ya fuera de plazo y la única manera de salvarlos es ampliar el calendario. El voto anticipado y el censo de los extranjeros con derecho a voto debían completarse hoy. Según el decreto suspendido, el pasado 1 de octubre se abrió el plazo de una semana para que los extranjeros con derecho a voto, los comunitarios con un año de residencia en Cataluña y extracomunitarios residentes desde hace tres, solicitaran ser incluidos en el censo.

Este registro estaba paralizado, pero la Generalitat afirmó ayer que los plazos se han ampliado y por tanto se pueden seguir inscribiendo inscritos foráneos para votar. El Ejecutivo de Mas reactivó también el mecanismo para pedir el voto anticipado, que estaba previsto entre el 1 y el 7 de octubre, para los catalanes que se encuentren en el extranjero, los internos en prisiones o centros de menores, personas con dependencia, los que tengan cita hospitalaria y trabajadores movilizados para ese día.

Estos dos pasos, junto con la creación de las siete comisiones territoriales de seguimiento, equivalentes a la juntas electorales territoriales, son necesarios para que el 10 de octubre la Consejería de Gobernación tenga cerrada la lista provisional de las personas llamadas a participar y con la que realizará entre el 11 y el 18 el sorteo de las mesas con 24.390 titulares y 48.780 suplentes.

Al día siguiente, el Diario Oficial de la Generalitat debería publica los colegios electorales cedidos por los ayuntamientos. Los municipios y la web electoral expondrán el censo definitivo el 17 de octubre y el 19 publicarán en sus tablones de anuncios los espacios públicos disponibles para actos de campaña y debates, así como las ubicaciones habilitadas para colgar carteles, pancartas y banderolas.

Obstáculos y soluciones

El tiempo, por tanto, se echa encima del Ejecutivo catalán que pese a todo insistió en que hará «todo lo que sea posible para votar el 9-N». «Ante cada obstáculo, iremos aportando soluciones», dijo el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. Por ejemplo, para poner en marcha los censos que estaban paralizados y sortear el veto del Constitucional, señaló que técnicamente no los ha reabierto, sino que en cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo los poderes públicos están obligados a canalizar las peticiones de los ciudadanos. En el caso del spot de televisión que sustituye a la campaña institucional, el argumento fue que al Gobierno catalán le ampara la libertad de expresión.

La Generalitat, sin embargo, no pudo evitar un nuevo choque con Esquerra, que cargó contra Mas por «poner una posible fecha de defunción a la consulta». El viernes se acordaron todas las garantías democráticas para llevarla a cabo, dijeron los republicanos, que reconocieron sentirse «descolocados» tres días después de que Mas y las fuerzas soberanistas comparecieran juntos en una foto de unidad tras siete horas en el Palau de la Generalitat.

Como cuando anunció que paralizaba la campaña institucional, Esquerra recriminó al Gobierno catalán que tome las decisiones de forma «unilateral». Y es que, para los republicanos la votación está «encarrilada» y no hay motivo para lanzar mensajes que insinúen que no será posible votar el 9-N. «No entendemos qué hicimos el viernes», apuntó la portavoz republicana Anna Simó.