La Audiencia Nacional acata por unanimidad la reforma de la justicia universal

La Audiencia Nacional enterró ayer el hacha de guerra por la reforma de la justicia universal, que en marzo limitó el alcance de esta jurisdicción después de las quejas de las autoridades chinas al Gobierno de Mariano Rajoy por las órdenes de detención contra dos expresidentes por el genocidio del Tíbet.

El pleno de la Sala de lo Penal acordó por unanimidad acatar los requisitos que exige la nueva ley para investigar estas causas. Atrás queda la negativa de varios jueces a archivar algunos casos abiertos o la polémica excarcelación de 53 narcotraficantes extranjeros detenidos en alta mar por la falta de competencia del tribunal tras la reforma. Una decisión que fue avalada por la sala de forma mayoritaria, aunque luego llegó el tirón de orejas del Tribunal Supremo, que revocó la resolución.

Más allá del debate jurídico, que existe y seguirá latente en próximos plenos, los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaron la competencia del Juzgado Central de Instrucción número seis para seguir investigando los asesinatos de los religiosos jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Armando López, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes cometidos en El Salvador en noviembre de 1989. Unos hechos por lo que están procesados 20 militares de aquel país centroamericano.

La novedad es que la sala entiende que este sumario cumple los requisitos de la reforma del Gobierno, en tanto se trata de un delito de terrorismo contra ciudadanos españoles en el extranjero. Sin embargo, el juez Eloy Velasco ya no podrá imputar el delito de lesa humanidad al quedar sin efecto esa categoría penal, según acordaron sus superiores jerárquicos.

El segundo asunto que 'salió vivo' del pleno es un caso de ablación genital de una menor en Gambia que investigaba el Juzgado Central de Instrucción número tres. Los 17 magistrados aprobaron que la jurisdicción nacional es competente para la persecución de estos delitos de acuerdo con el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres y la violencia doméstica, en vigor desde el 1 de agosto.

Este supuesto también está contemplado en la modificación legal del Gobierno y el pleno ha ratificado que el juez Javier Gómez Bermúdez continúe con el proceso contra unos padres residentes en España que llevaron a su hija al país africano para practicarle la mutilación genital en 2005.

Aplazamientos

Para estos dos casos el debate se alargó casi cuatro horas, por lo que el resto de asuntos a debatir quedaron aplazados para el próximo pleno. Como la decisión del juez instructor Ismael Moreno, el más seguidista de la reforma del Ejecutivo, de archivar la investigación por delitos de genocidio y lesa humanidad que abrió contra cuatro responsables nazis del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por abusos cometidos entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles y murieron 4.300.

Además, los magistrados rechazaron los recursos que presentó la Fiscalía contra los autos del juez Santiago Pedraz en los que acordaba continuar investigando la muerte en Irak del cámara José Couso y el genocidio de la población indígena en Guatemala, así como el del juez Pablo Ruz en el que pretendía seguir persiguiendo las supuestas torturas a cuatro presos en la base estadounidense de Guantánamo.

Según fuentes jurídicas, no se trata de un aval explícito a las investigaciones, sino un asunto procedimental. En el caso de Couso, además, la sala debe pronunciarse sobre el fondo del asunto; es decir, si un tratado internacional como la Convención de Ginebra sobre civiles en guerra es de obligado cumplimiento, por encima incluso de una norma nacional.