Los principales ejecutivos de CCM, a un paso del juicio

Tras cuatro años de investigación, la Audiencia Nacional ha llegado a la conclusión de que los dos principales ejecutivos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), la primera entidad financiera española que tuvo que ser nacionalizada en esta crisis, fueron los grandes responsables de las distintas irregularidades que se cometieron en ella y que desembocaron en su intervención forzosa en marzo de 2009, que obligó luego a su rescate con 9.000 millones de euros de las arcas públicas.

Juan Pedro Hernández Molto, expresidente de la caja y también exdiputado del PSOE, es acusado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de urdir una serie de operaciones que causaron «un grave perjuicio económico» a la entidad, que posteriormente sería cuantificado en 253,8 millones de euros por el Banco de España.

La mayoría de esas actuaciones fueron créditos otorgados en 2007 y 2008 donde se constata «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación» para CCM. Los beneficiados de esos préstamos fueron varias inmobiliarias como Grupo Luis Portillo (por importe de 59 millones de euros), Renovalia (56,3 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Los peritos del Banco de España concluyeron, al analizar esas operaciones, que se realizaron «sin observar las reglas de la práxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la entidad respecto a las garantías exigibles» para la autorización de préstamos. La consecuencia es que desde la cúpula de la caja se dio «un trato de favor» a esos deudores, que se vieron «liberados de las obligaciones» habituales para estos casos, no tuvieron que reponer avalistas e incluso obtuvieron «importantes ventajas» en las renegociaciones posteriores.

Beneficios irreales

Para ocultar el quebranto que todo ello suponía para las arcas de la caja de ahorros, Hernández Moltó -como máximo responsable de la misma- ordenó a su 'número dos' y entonces director general de CCM, Ildefonso Ortega, que elaborara y después presentara «una cuenta de resultados con beneficios». Y ello a pesar de que ambos eran «conscientes» de que la entidad tenía «pérdidas», y no pequeñas.

El magistrado concluye, sin embargo, que ni uno ni otro obtuvieron una «compensación económica como contraprestación a supuestos tratos de favor». Al menos, así se desprende de las pesquisas sobre su patrimonio. A ambos les acusa de sendos delitos de administración desleal y falseamiento de cuentas -los otros siete imputados han quedado fuera-, y el juez ha iniciado ya los trámites para abrir juicio oral y sentarles en el banquillo.