El Parlamento exigirá al Gobierno central que revise los fondos de convergencia

El pleno que el Parlamento andaluz dedicará la próxima semana a debatir el proyecto de Presupuestos Generales del Estado debatirá una resolución para pedir al Gobierno central que revise la aplicación de los fondos de convergencia en la liquidación de 2013.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, denunció en el pasado debate sobre el estado de la comunidad que el Ejecutivo central había realizado un reparto «con acuerdos de trastienda» de dichos fondos y había concedido a Valencia mil millones de euros y a Cataluña 700 millones, una dotación muy superior a la de Andalucía, comunidad a la que en cambio le salía 'a devolver' la liquidación del ejercicio de 2013, en 426 millones de euros.

Según la presidenta de la Junta, el Gobierno «asfixia» a Andalucía con este reparto de unos fondos que «tienen que ir dirigidos a la igualdad de los ciudadanos», pese a lo cual, dijo Díaz, «resulta que dan menos allí donde la renta es inferior», de modo que «se premia a Cataluña y Valencia y se castiga a Andalucía».

La aprobación de esta resolución, que se da por hecha con los votos de los grupos parlamentarios socialista e Izquierda Unida, se inscribe dentro de esta estrategia de luchar contra lo que Díaz considera «un atropello contra Andalucía» y para lo que el portavoz de IU, José antonio Castro, ha llegado a llamar a la «insumisión».

Además, el Gobierno autonómico reclamará en el debate que el PP andaluz se sume a la reclamación de la comunidad, un reto que ya ha planteado la presidenta en anteriores intervenciones.

La postura oficial del PP, sin embargo, es que esos fondos son calculados en base a reglas objetivas establecidas por la ley y que se aprobaron durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Con todo, el debate llegará al Congreso de los Diputados, mediante iniciativas de los parlamentarios andaluces de IU y PSOE.

Devolución de anticipos

Entre tanto, el Ministerio de Hacienda no se da por enterado de la reclamación realizada el pasado miércoles por la consejera andaluza, María Jesús Montero, para que se aplace la devolución de los anticipos recibidos en 2013, que ascienden a 426 millones. Montero pide poder pagar esta cantidad en diez años, con uno de carencia, y que se incluya este plan de pagos en los Presupuestos de 2015, «que es donde tienen que ir», ha declarado.

De hecho, los PGE incluyen el aplazamiento de las declaraciones negativas de 2008 y 2009, pero no el de 2013. Un año en el que Andalucía es la única comunidad que tiene que devolver dinero, lo que abona el argumentario de la Junta acerca de la discriminación a que el Gobierno central somete a la comunidad.

Hacienda no se ha movido un ápice de la postura que el secretario de Estado, Antonio Beteta, expuso en su carta de respuesta a la que le dirigió en julio la consejera, María Jesús Montero, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuando manifestó su compromiso de buscar una solución.

Fuentes del Ministerio dijeron que el Gobierno «siempre buscará fórmulas para dar liquidez a las comunidades autónomas», aunque «dentro del CPFF», sin mencionar una modificación de los Presupuestos. La postura oficial es que «el Gobierno es quien está facilitando el gasto social y seguirá dando liquidez a las comunidades para el mantenimiento de los servicios públicos».