Canarias convoca para el 23 de noviembre una consulta sobre las prospecciones
El ministro Soria recuerda al Gobierno insular que la medida es «ilegal» y avisa de que el Ejecutivo central «actuará en consecuencia»
MADRID. Actualizado: Guardar«¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?». Esta es la pregunta que el próximo 23 de noviembre el Ejecutivo canario, liderado por Paulino Rivero, pretende trasladar a la ciudadanía del archipiélago en una consulta popular convocada ayer y que, rápidamente, se encontró con el rechazo del Gobierno central.
El presidente canario enmarcó esta iniciativa en la Ley 5/2010 de Participación Ciudadana de Canarias. Así, en la consulta podrán votar los residentes mayores de 16 años y las entidades y personalidades jurídicas que se inscriban en el Registro de Participación Ciudadana.
Para justificar esta iniciativa, Rivero insistió en el riesgo que suponen las prospecciones y criticó «la falta de respeto y el desprecio del Estado con Canarias», remarcando así la fractura existente entre ambas instituciones.
El presidente regional, sin embargo, volvió a encontrarse de frente con su gran 'enemigo' en este asunto, otro canario, el ministro de Industria, José Manuel Soria. «Cualquier comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede consultar a los ciudadanos, pero no puede consultar sobre algo que no le compete. Si hubiese una consulta sobre una cuestión no sería conforme a derecho, sería ilegal y el Gobierno actuaría en consecuencia», avisó Soria.
En febrero de 2012, el ministro anunció su intención de recuperar el Real Decreto de 2001 sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias, que fueron aprobadas por el Gobierno español en marzo de 2012. Entonces el Ejecutivo canario emprendió una serie de medidas legales para tratar de frenar la decisión, que chocaron frontalmente con las reiteradas negativas del Tribunal Supremo para suspender cautelarmente los permisos otorgados a Repsol y el fallo del Constitucional de febrero de 2013, que estableció que la competencia para autorizar las prospecciones correspondía al Gobierno central.
El pasado 12 de agosto el Boletín Oficial del Estado publicaba la resolución del Ministerio de Industria y Energía, que autorizaba a la compañía Repsol para iniciar los sondeos en busca de petróleo o gas en las aguas canarias con el único requisito de consignar 60 millones de euros ante posibles accidentes o catástrofes medioambientales, según recoge la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.
Debido a la localización de Canarias en una zona de importante sismicidad, la resolución de Industria obliga a la compañía petrolífera a instalar un sistema de monitorización para detectar posibles movimientos telúricos.
Repsol pretende iniciar los sondeos antes del invierno, aunque «detendrá inmediatamente las operaciones en el caso de que pudieran suponer un peligro para la población o el medio ambiente, adoptando las medidas adecuadas para evitar daños o amenazas», afirman.
