Rajoy y Hollande preparan el traslado a España de los presos de ETA en Francia

Una reforma legislativa, forzada por la Unión Europea y pendiente de un último trámite en el Senado español, abrirá en las próximas semanas la puerta a que los presos de ETA que cumplen sus condenas en cárceles francesas sean trasladados a prisiones del Estado, sin necesidad de que los afectados tengan que dar su consentimiento como ocurría hasta la actualidad. Los gobiernos de Mariano Rajoy y François Hollande preparan ya la entrega de una parte importante de estos reclusos y la cuestión ha estado sobre la mesa de la última reunión que mantuvieron en Madrid el pasado septiembre el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, y la titular de la cartera de Justicia, Christiane Taubira, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales de ambos países y del Ejecutivo central.

La modificación legal, que estará lista antes de que acabe el año, afectará automáticamente a 56 de los 96 presos de la banda terrorista que en la actualidad están recluidos en suelo galo. Se trata de aquellos con condenas firmes y sin causas pendientes en aquel Estado. Candidatos potenciales a verse afectados por las primeras repatriaciones serían destacados exdirigentes de ETA como Mikel Albisu ,'Antza', Marixol Iparragirre, 'Anboto', Alberto López de Lacalle, 'Mobutu', Ibon Fernández, 'Susper', y Gorka Palacios, 'Nagi'.

Otros 34 internos deberían esperar todavía a que se completen los sumarios judiciales que permanecen abiertos en París por diferentes causas. Mientras no se cierren esos expedientes y sus condenas sean firmes deberán proseguir en prisiones francesas. Se trata, entre otros, de Mikel Karrera, 'Ata', Iurgi Mendinueta, Zigor Garro e Itziar Plaza. Al margen de todo este movimiento quedarían otros seis reclusos, a los que no les afectará la novedad legislativa al tratarse de ciudadanos con nacionalidad francesa.

El cambio de leyes viene propiciado por un acuerdo marco de la Unión Europea adoptado el 27 de noviembre de 2008. Conocida como 'ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales', la normativa establece que aquellos delincuentes condenados en un Estado miembro deberán cumplir sus penas en sus países de origen. Se pretende favorecer así su reinserción al encontrarse más cerca de su familia y en un entorno con costumbres e idioma similares a los de sus orígenes. La novedad de ese documento es que para llevar a cabo el traslado de una nación a otra ya no es necesario que los internos afectados dén su consentimiento, un requisito que sí figuraba en el convenio del Consejo de Europa «sobre traslado de personas condenadas» de 21 de marzo de 1983.

Antes de fin de año

Desde 2008, los diferentes países de la UE han ido adaptando su legislación para acomodarse a la nueva normativa europea. En el caso de Francia, la decisión marco está en vigor desde su transposición en una ley publicada en el boletín oficial galo del 6 de agosto de 2013. En España todos esos trámites están pendientes del Senado. La reforma legislativa ha pasado ya por el Congreso y resta la aprobación de enmiendas en la Cámara alta, un proceso que diferentes fuentes aseguran que se completará antes de que finalice el año.

El cambio en las leyes que regulan el traslado de convictos de un país a otro no significa que la entrega a España vaya a llevarse a cabo de inmediato. Ambos gobiernos son conscientes de que, aunque esta medida afectará a todos los reclusos españoles que cumplen condena en la UE, se trata de una materia muy sensible en lo que afecta a ETA.

De hecho, los dos gobiernos van a activar sendos sistemas por los que abordarán cada caso de manera individualizada, para evitar que los traslados sean masivos y sin ningún control.

En el caso de España, por ejemplo, la idea es que cada expediente pase por los tribunales de justicia. Así se deduce de una de las enmiendas que ha presentado el grupo parlamentario del PP en el Senado. Los populares, que cuentan con una holgada mayoría absoluta en la Cámara alta, han solicitado modificar el artículo 81 del texto por el que se va a asumir la normativa de la Unión Europea para que, entre otros aspectos, cada expediente deba ser evaluado por la Fiscalía, que tendrá «diez días» desde su recepción para reconocer o no la legalidad del traslado del preso.