Los obispos cargan contra el Gobierno por la retirada de la ley del aborto

La Conferencia Episcopal Española llegó a la conclusión de que el Gobierno de Mariano Rajoy retiró el anteproyecto de reforma de la ley del aborto por «cálculos políticos» y no por falta de consenso político y social, como adujo el presidente del Gobierno para justificar su decisión.

En un comunicado hecho público tras la reunión de ayer de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, los obispos fueron muy críticos con el Ejecutivo porque «es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir delante con ello en aras de supuestos cálculos políticos». Los obispos sostienen además que «hay bienes, como el de la vida humana, que son innegociables».

La nota de los prelados sostiene asimismo que «proteger y defender la vida humana es tarea de todos, principalmente de los Gobiernos. España sigue siendo, por desgracia, una triste excepción, al llegar incluso a considerar el aborto como un derecho».

Tras leer la nota, el portavoz de la Conferencia, José María Gil Tamayo, no quiso ahondar más porque, argumentó, la posición de la Conferencia Episcopal ya había quedado suficientemente clara. «A buen entendedor, pocas palabras», redondeó Gil Tamayo.

El portavoz de los obispos, no obstante, subrayó que este serio desencuentro no afectará a las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, se reunieron el 29 de julio y desde entonces no ha habido contacto alguno, al menos público, entre ambas instituciones.

Los obispos tuvieron una primera reacción moderada después de conocerse la retirada del proyecto, una decisión de Rajoy que desencadenó la dimisión del ministro de Justicia y principal promotor de la norma, Alberto Ruiz-Gallardón. Apenas hubo alguna reacción aislada, como la del prelado de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, que acusó al PP de ser un partido «liberal infectado por el feminismo radical» y de ser, como el resto de formaciones políticas, una «estructura de pecado».

Pilar democrático

Gil Tamayo, por supuesto, no llegó tan lejos y se limitó a mostrar la disconformidad de los obispos con la estrategia política de Rajoy. El portavoz subrayó que esta postura en absoluto supone un distanciamiento de la Iglesia Católica del PP porque la Conferencia Episcopal nunca se ha identificado con organización política alguna.

«Desde la transición la Conferencia Episcopal ha sido un pilar de la consolidación democrática, nunca un obispo ha dicho a quién se tiene que votar. Que cada uno ejerza su derecho en función de su conciencia», sostuvo.

También descartó la participación de los obispos en la manifestación que preparan los grupos antiabortistas y plataformas provida para el 22 de noviembre contra la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. «La adopción de medidas concretas -puso de relieve Gil Tamayo- no es tarea de la Iglesia sino de las asociaciones, tanto religiosas como laicas».

No ocurrió así cuando el Gobierno socalista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 la ley de plazos para la interrupción del embarazo. En aquella ocasión fueron varios los prelados que se sumaron a las manifestaciones callejeras de protesta.

El portavoz de la Conferencia Episcopal recordó, de todos modos, que «la postura de la Iglesia no puede variar en una cuestión que es fundamental como la defensa de la vida».