La Justicia no resiste tanta corrupción

Dos consejeros gaditanos, uno de principio de la década de los 90 y el otro de trayectoria reciente, ya en el siglo XXI. Ambos, jerezanos de nacimiento. Antonio Fernández y Ángel Ojeda, o viceversa, aparecen en el epicentro de dos de los mayores casos de corrupción que la Justicia analiza en España actualmente. Se trata de los falsos ERE y de los falsos cursos de formación. Entre ambos, según las investigaciones y las imputaciones, se podrían haber perdido cientos de millones de euros destinados, además, a auxiliar a desempleados de larga duración o a los que acababan de perder su empleo.

Las causas en las que están imputados han bloqueado los ordenadores de los juzgados sevillanos que tratan de esclarecerlas. El volumen de documentación que acompaña las investigaciones y los procesos, cuyos folios se cuentan por millones, han saturado los sistemas de almacenamiento. Esa posible anécdota tiene dos lecturas ilustrativas e igualmente tristes. Por un lado, la Administración andaluza ha generado tales casos de posibles corruptelas durante los últimos 20 años que los juzgados no pueden digerir la documentación que arrastran. Por otro, la misma Junta de Andalucía ha sido incapaz de mantener operativos los juzgados, no ha podido evitar que sobrevivan a los recortes, al abandono y la falta de inversión. El resultado es demoledor, el gobierno de los andaluces no puede garantizar que los tribunales estudien con garantías las presuntas estafas millonarias que, presuntamente, genera por acción u omisión.

Pocas escenas más ilustrativas del estado en el que los socialistas han dejado a la autonomía tras casi 34 años de control ininterrumpido.