Cristina de Borbón pide que decidan su futuro los jueces que ya la exculparon

La defensa de la infanta Cristina se moviliza. Y con ella, casi al unísono, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, ambas, sobre el papel, acusadoras en este proceso. La todavía imputada, apoyada por el Ministerio Público y los servicios jurídicos de Justicia, reclama a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que desoiga la recusación por parte de Manos Limpias de dos de los jueces que ya la exculparon en mayo de 2013. Y pide que sea esa misma sala, designada a dedo y sin reparto, la que decida si la hermana del Rey se sienta en el banquillo acusada de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Cristina de Borbón, Anticorrupción y el Gobierno -a los que en principio les debía ser indiferente qué jueces deciden el futuro de la infanta- utilizan, sin embargo, toda la artillería jurídica a su alcance para evitar a toda costa que pueda prosperar la recusación promovida por el sindicato personado como acusación popular.

Hasta ahora, y al margen de la duquesa de Palma, solo un imputado secundario de la veintena de procesados en esta causa ha movilizado a sus abogados para evitar que el caso pueda cambiar a manos de otros jueces.

En su escrito, Manos Limpias argumentaba que el presidente de la Sección Segunda, Diego Gómez-Reino, ponente de la resolución sobre el archivo o mantenimiento de la imputación de la esposa de Iñaki Urdangarin , y la magistrada Mónica de la Serna no son imparciales en este caso y reclamaba que ambos fueran apartados de la causa y sustituidos por otros dos jueces elegidos al azar por turno.

Quieren que sean estos magistrados designados por turno los que estudien si admiten o no trámite la avalancha de recursos contra su procesamiento presentados por los procesados del 'caso Nóos', entre ellos la infanta, su marido, el exsocio de este, Diego Torres, o el expresidente balear Jaume Matas.

Manos Limpias recordaba en su recurso que ambos jueces recusados, votaron en mayo de 2013 en un «polémico» auto a favor de exculpar a la infanta Cristina y suspendieron la primera citación judicial de la imputada, que debía declarar por las supuestas irregularidades en el seno del Instituto Nóos del que fue vocal.

«Justamente ellos son los magistrados que nunca debieran decidir, nuevamente, sobre tan importante recurso de apelación de la infanta doña Cristina», explicaba el escrito.

Solo Aizoon

«Sería totalmente inadmisible», abundaba el recurso, que señala que nadie entendería que «unos magistrados que claramente ya han demostrado su presunta objetiva parcialidad, y sobre los que existe una objetiva sospecha, sigan siendo los encargados de resolver el importantísimo recurso que afecta a la responsabilidad de la infanta».

De facto, los dos magistrados recusados cegaron para siempre la posibilidad de investigar a la infanta Cristina por su papel en Nóos y dejaron como único resquicio la posibilidad del delito fiscal en Aizoon, la empresa que comparte con Urdangarin. Estos argumentos, para la infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, no son más que un ardid extraprocesal.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach llega a asegurar que recusar a los dos magistrados supuestamente ya contaminados es un «fraude» para conseguir «finalidades espurias» fuera de la «buena fe». Horrach, incluso, recrimina al sindicato las «insinuaciones, sospechas y afirmaciones de prevaricación» que dice que ha vertido sobre los dos magistrados recusados.

«Si no fuera por el reseñado auto de la Audiencia -el de mayo de 2013 que cerró la vía de Nóos pero dejó abierta la puerta a Aizoon- actualmente Cristina de Borbón no estaría imputada», concluye el fiscal.