Mas frena la campaña, pero mantiene por ahora el pulso del referéndum del 9-N

Un día después de que el Constitucional suspendiera el decreto de convocatoria y la ley de consultas catalana, la Generalitat anunció ayer que su determinación y su compromiso con el referéndum se mantiene intacto y por tanto el «proceso continúa», pero que la campaña institucional para fomentar la participación se paraliza. Si alguno pensaba que con la decisión del tribunal el proyecto político que encabeza Artur Mas iba a quedar «liquidado», se equivoca, se encargó de subrayar el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. «Ayer -advirtió- no se acabó nada». A lo sumo, puntualizó, «hay una ley suspendida, pero no anulada, la partida no se ha terminado».

Por primera vez desde el inicio del proyecto independentista hace dos años, el Ejecutivo catalán se vio obligado a tomar una decisión que pone en entredicho la votación a 40 días de la fecha elegida, aunque sea, según Homs, con un frenazo «temporal y cautelar». La decisión, sin embargo, no fue pacífica. Al menos dos consejeros, ambos de Unió Democrática, Joana Ortega y Ramón Espadaler, vicepresidenta y titular de Gobernación, se mostraron partidarios de plegar velas y no tensar más la cuerda. Sus opiniones, según fuentes nacionalistas, abrieron un intenso debate en el que otros consejeros, todos de Convergencia Democrática defendieron la tesis de no suspender nada.

Las opiniones de Ortega y Espadaler dan una idea de lo que va a decidir Unió Democrática el próximo domingo sobre su intención de voto el 9 de noviembre. Todo apunta que dirán sí a la primera pregunta, a la del Estado propio para Cataluña, y no a la segunda, la de la independencia. En ese momento la fractura en CiU estará servida. Los convergentes apuestan por el doble sí. Esta discrepancia se exteriorizó en la reunión de ayer del Gobierno catalán en la que al final prevaleció el punto intermedio, suspensión de la campaña institucional y eximir a los funcionarios de trabajar en los preparativos del referéndum, pero sin renunciar a la votación.

Ante la opinión pública, el Gobierno, dijo Homs, quiso dejar claro que «no plega velas» y que no se rinde aunque suspenda la campaña de anuncios en prensa y televisión. El Ejecutivo de Mas también ordenó paralizar buena parte del calendario de actuaciones técnicas y logísticas encaminadas a preparar la votación. Homs señaló que cada trámite se estudiará «caso por caso», y está por ver qué preparativos pueden seguir su curso y cuáles no. Por ejemplo, la web del 9-N, que el Gobierno catalán puso en marcha el sábado y que recoge toda la información sobre el referéndum, permaneció operativa.

Recelo independentista

El portavoz justificó este paso atrás porque no puede «poner contra las cuerdas» a funcionarios de la administración autonómica, de entes locales o particulares que podrían incurrir en un delito de desobediencia si realizan actos relacionadas con el 9-N. El Gobierno catalán evitó en todo momento reconocer que acata la resolución de la corte de garantías, algo que encendería al mundo independentista, partidario de la desobediencia pura y dura al Constitucional y de aplicar solo la ley del Parlamento autonómico.

Aunque el Gobierno catalán insistió en que la suspensión de la corte no paraliza nada, Mas, a juicio de los independentistas, ya ha enviado una primera señal sobre sus intenciones futuras. Si no ha sido capaz de enfrentarse al Constitucional para mantener la campaña, difícilmente plantará cara el 9 de noviembre y sacará las urnas a la calle, como demandan Esquerra, la CUP y la Asamblea Nacional Catalana. Las tres organizaciones le instaron a desobedecer al alto tribunal y formar un frente común. Pero sus planteamientos no encontraron receptividad en la Generalitat.

El presidente catalán se reunirá en los próximos dos o tres días con los cuatro partidos que impulsan la consulta, CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP, para tratar de consensuar una respuesta a la suspensión decretada. Tarea que se perfila casi imposible. Mas también busca preservar la unidad porque considera que es uno de los pilares del proceso, algo que se pondrá a prueba de inmediato. Hoy la junta de portavoces de la Cámara catalana decidirá si mantiene en el orden día la votación de los siete miembros de la comisión de control del 9-N, una especie de junta electoral, una decisión que forma parte de los preparativos de la consulta suspendida. Si se vota, la Cámara catalana podría incurrir en un delito de desobediencia.

El otro pilar del proceso, según Homs, es la movilización en la calle. La Generalitat, dijo, no convoca manifestaciones, pero no dudó en llamar a la ciudadanía a que respalde las concentraciones organizadas por la ANC y Ómnium. «La capacidad de sacar adelante el proceso depende de la capacidad de movilización de la gente», dijo el consejero y más estrecho colaborador de Mas.