Un recurso legítimo

El Ayuntamiento de Cádiz decidió poner fin ayer a tres años de espera y paciencia. Durante todo ese tiempo, la Junta ha eludido sus compromisos, previstos en la legislación, para aplicar políticas activas de empleo. Eso significa que en la capital de la provincia con mayor nivel de desempleo de España, y una de las primeras de la Unión Europea, la administración encargada de poner en marcha cursos de formación, sistemas de conexión entre demandantes y ofertantes de puestos de trabajo, la institución que debe ayudar a algunos parados a salir de esa situación incumple sus obligaciones. Directamente, renuncia a su deber, a su misión, la que le hemos otorgado entre todos por mandato legal. No cumple y no da explicaciones. Un día tras otro durante tres años sin que suceda nada, sin que cambie nada.

En el caso de la capital gaditana, esa inacción, esa omisión supone 400 millones de euros. Tanto la alcaldesa Teófila Martínez como el concejal de Fomento, Bruno García León, se declaran cansados de reclamar el dinero que corresponde a los desempleados gaditanos (no al Ayuntamiento) y aseguran que han agotado todas las vías, sin recibir siquiera una respuesta clara, una explicación, una visita.

Tras agotar todas las alternativas, el Ayuntamiento de Cádiz anuncia que pondrá en marcha una queja formal ante el Tribunal Constitucional para reclamar ese dinero, esas ayudas, esas medidas activas contra el desempleo. Aunque parece una medida excepcional y extrema, cabe preguntarse por qué llega tan tarde, por qué nos resulta tan aceptable que una administración incumpla sistemáticamente con su cometido y, en cambio, parece inapropiado que otra le reclame lo que, por Ley, corresponde.