Los agentes declaran que dieron el alto a Esperanza Aguirre tras el incidente

Los agentes de movilidad y los policías municipales implicados en el incidente de tráfico que protagonizó el pasado abril la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, tienen un recuerdo contradictorio de los hechos. Los primeros sostienen que hizo caso omiso de su petición para que no se marchase. Los segundos afirman que es posible que la expresidenta de la Comunidad de Madrid no se percatase.

Los cinco agentes de movilidad ratificaron el escrito de la denuncia e insistieron en que solicitaron a la expresidenta autonómica la documentación que le habían pedido. En su lugar, Aguirre les habría contestado: «Yo me voy, tienes la placa, denuncia al vehículo». Después, se subió al coche y se marchó, haciendo caso omiso de sus indicaciones para que se detuviese.

Al irse impactó contra una de las motos de los agentes y la derribó. Estos testigos narraron al titular del juzgado de instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, que persiguieron el vehículo de Aguirre, «llevando en funcionamiento las señales acústicas y luminosas» para que pusiese fin a su huída. La presidenta popular negó en su comparecencia ante el juez el pasado lunes que la persecución se hubiese producido, o que, al menos, ella hubiese sido consciente.

Los dos policías municipales declararon, en cambio, que no habían visto las señales de los agentes de movilidad y que la exgobernante madrileña pudo no haberse dado cuenta de que le habían dado el alto.

Delito o falta

Tras haber escuchado a la imputada y a los testigos, el magistrado deberá poner fin en los próximos días al periodo de instrucción y decidir si Aguirre incurrió en un delito de desobediencia a la autoridad, en una falta administrativa o queda exenta.

Valle ya trató en abril de despachar el asunto como una falta, de acuerdo con la opinión de la Fiscalía, aunque la acusación particular, representada por la asociación 'Transparencia y Justicia', recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, que determinó que los hechos denunciados debían ser instruídos como un delito.

Si Aguirre es declarada culpable de desobedecer a la autoridad se enfrentaría a una pena de entre seis meses y un año de cárcel. Pero más trascendente sería la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público que una sentencia condenatoria le acarrearía, ya que le impediría presentarse a las municipales de 2015.